Consorcio ganador de Borde Río acude a tribunal para descongelar concesión adjudicada en diciembre

El consorcio Parque Río, que se adjudicó en diciembre pasado la concesión del polo gastronómico Borde Río en Vitacura, se hizo parte del juicio ante el Tribunal de Contratación Pública mediante un escrito, ante el retraso para poder partir con la operación del recinto, debido a acciones legales interpuestas por el consorcio perdedor en la licitación. En el documento, la firma ganadora solicitó rechazar la demanda de Minera y Constructora Río Grande SpA, la propuesta perdedora en el concurso, y levantar la suspensión que impide firmar el contrato de concesión para comenzar a operar. Con esta acción, el adjudicatario defiende la licitación realizada por la Municipalidad de Vitacura.
La empresa perdedora del concurso impugnó a fines del año pasado el proceso y pidió invalidarlo por supuestas inconsistencias en la declaración societaria de la ganadora y una presunta corrección de oficio en la propuesta económica por parte del municipio. También reclamó la subestimación del puntaje de su proyecto por parte de la municipalidad. El nuevo concesionario debía partir con la gestión de Borde Río el 5 de febrero, pero por estas impugnaciones el proceso está paralizado.
El desacuerdo por la composición societaria
Ricardo Sanhueza, abogado de Minera y Constructora Río Grande SpA, afirma que en los estatutos que acreditan la composición de la sociedad de la propuesta ganadora, "aparece claramente que son dos accionistas y no uno como señalaron en la declaración jurada", por lo que indica que "la declaración en sí no se ajusta a la realidad" y sería causal de invalidez al no ser igual en ambas instancias.
En los documentos presentados al Tribunal por el adjudicatario, argumentan que no existe una declaración falsa. Aseguran que "mediante certificados oficiales emitidos por el Ministerio de Economía, al momento de presentar su oferta la empresa contaba con un único accionista, coincidiendo plenamente con lo declarado en la declaración jurada exigida por las bases". De acuerdo con la firma, "al momento de la oferta, don Jorge Gabriel Muñoz Loyola era el único accionista de la sociedad Arquitectura, Ingeniería y Construcción Diseñar SpA con el 100% de la propiedad".
La oferta ganadora sostiene que Río Grande se sustenta en el Certificado de Estatuto Actualizado, documento en el que afirman que aparece expresamente que "no prueba la titularidad accionaria vigente". Fuentes municipales enfatizan que la declaración societaria no invalida la oferta, ya que su propósito es corroborar la ausencia de conflictos de interés. Por lo tanto, comentan que cualquier cambio en la composición societaria no sería lo suficientemente sustantivo para desechar el proyecto.
Controversia económica y evaluación
En paralelo, los perdedores afirman que hubo una corrección de oficio por parte de la municipalidad en la oferta económica del adjudicatario, alterando el monto total. Explican que la municipalidad corrigió un error en la propuesta ganadora, donde había una equivocación en la cifra resultado de la multiplicación del aporte mensual en UTM por la cantidad de meses que dura la licitación. Sanhueza califica el cambio como un "error grave" e "imperdonable", argumentando que rompe el principio de igualdad entre oferentes, al no ajustarse estrictamente a los parámetros de la licitación pública.
En respuesta, fuentes de la repartición y del consorcio ganador aseguran que el elemento evaluado en las bases fue siempre el aporte mensual en UTM y no el resultado final de la multiplicación por la duración total del contrato. Para la autoridad edilicia, fue un error aritmético que no tendría impacto en la calificación ni en la igualdad entre los oferentes.
En cuanto a la evaluación de las propuestas, desde la firma desplazada argumentan que su proyecto fue castigado con notas arbitrariamente bajas, a pesar de asegurar que siguieron "estrictamente" los lineamientos y criterios del anteproyecto solicitados por la repartición. Desde la Municipalidad de Vitacura han indicado que se evaluó el proyecto de Río Grande como "débil e insuficiente", y aseguran que la propuesta incluía puestos de comida sobre la ciclovía Mapocho 42K y juegos infantiles en sectores no autorizados por las bases, razones para el puntaje asignado según la municipalidad.
En el marco de la contienda, la municipalidad, liderada por Camila Merino, cuestionó la integridad de Río Grande por una investigación penal en curso de $900 millones, por presunta falsificación de documentos en Lo Barnechea. El abogado Sanhueza desestima esto como un "berrinche" legal ajeno al juicio, y desde la empresa atribuyen el hecho a un subcontratista y alegan buena fe.
Pese al litigio, la oferta perdedora insiste en que es una oportunidad única para sacar adelante un polo gastronómico muy deteriorado. Aseguran haber estudiado el proyecto a fondo y defienden que su propuesta se ajustaba estrictamente a los lineamientos municipales, confiando en sus ideas para revitalizar el sector.
Desde la vereda ganadora, Nicolás Álamo, gerente general de consorcio Parque Río, señala que esperan "firmar cuanto antes el contrato que nos permita desarrollar Parque Río, un proyecto de regeneración urbana que transformará Borde Río en un nuevo y moderno espacio urbano para Vitacura, integrando biodiversidad, accesibilidad universal, movilidad activa y un polo gastronómico de excelencia, en diálogo directo con el Río Mapocho".
15 años
dura la concesión, la cual puede ser extendida por otros cinco años más.