Derechos humanos, teoría y realidad

Durante la 64.ª sesión plenaria, el 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas insistió en la necesidad de aplicar de manera efectiva los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario (DIH). Según el documento, se entenderá que es víctima "toda persona que haya padecido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización". No olvidemos que, a la luz de los tratados internacionales y de las normas vigentes, las víctimas tienen derecho prevalente a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición. Esta semana, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó ante el Congreso -sin siquiera mirar a las víctimas presentes- que, según su criterio, se debería estar hablando sobre la economía y las bolsas de valores, no acerca de las denuncias y pruebas contra quienes se confabularon con Jeffrey Epstein, y optó por criticar a los legisladores demócratas y republicanos que han venido exigiendo respuestas sobre los documentos y archivos divulgados. Por otra parte, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen vulnerando los derechos esenciales y atacando impunemente a migrantes y a ciudadanos, con el respaldo del Gobierno. Entre tanto, continúa el genocidio en Gaza, aun después de la comedia del "cese del fuego". El veto de Estados Unidos ha impedido la actuación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No se cumplen las decisiones de la Corte Internacional de Justicia ni las de la Corte Penal Internacional y las víctimas -que aumentan a diario- se encuentran en completa indefensión. En cambio, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos, es "sancionada" por el Gobierno norteamericano en razón de sus denuncias públicas sobre las violaciones de los derechos humanos que allí tienen lugar. En Colombia, el Estado se muestra impotente ante las diarias violaciones de los derechos humanos y los ataques a la población civil, perpetrados por el Eln, las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y otras organizaciones criminales. Los procesos penales tardan años, pese a la exigencia del artículo 228 de la Constitución: "Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". De modo que la prescripción es muy frecuente. No obstante la actividad de la JEP, sigue la impunidad para los máximos responsables de los mal llamados ‘falsos positivos’ y respecto a los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras y paramilitares durante el conflicto. En su mayoría, las víctimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El artículo 2 de la Constitución establece que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". Normas y tratados que, en buena parte, son pura teoría. Sobre los derechos, vienen prevaleciendo las conveniencias políticas. No debería ocurrir. Es indispensable que gobiernos, legisladores y jueces observen, cristalicen y apliquen -oportuna y efectivamente- los principios y las reglas existentes, para que los derechos humanos dejen de ser ilusorios.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo