Hubo 1.950 renuncias en cinco años en la administración central: más mujeres y mayoría profesionales

¿Quiénes renunciaron a la administración central? ¿Cuál era su vínculo con el Estado? ¿Eran profesionales, administrativos o zafrales? Las respuestas son clave para entender a qué personas logra retener el sector público y quiénes optan por otros caminos. Más allá de la letra chica, los números muestran que es reducida la cantidad de personas que cortan el vínculo laboral: un 9% de funcionarios en cinco años (desde 2020 hasta 2024), lo que significó un promedio de 1,8% anual.

Fueron 1.950 personas las que renunciaron pero, al poner la lupa, se encuentra que no todos los años existió el mismo comportamiento. Durante los dos primeros años de pandemia, 2020 y 2021, "se observó la menor cantidad" de individuos que dejaron su puesto en estos cinco años. Parte de la explicación podría ser que hubo una "contracción económica y poca disponibilidad de oferta de empleo". Así se indica en el informe "Rotación por renuncias en la administración central" que realizó la Oficina Nacional de Servicio Civil.

En 2020 hubo solo 205 renuncias, siendo el año con menor cantidad. En 2021 subió a 310 y en 2022 se dio un pico de 511. Por último, en 2023 se redujo a 495 y en 2024 a 429.




En el estudio no se presenta el número total de trabajadores sobre el que se hizo los cálculos. Sin embargo, una estimación a partir de los datos brindados arroja que son más de 21.000 personas.

Raw HtmlPara el informe se analizaron las renuncias desde 2020 hasta 2024 dentro de la administración central. Se excluyeron para una mayor precisión los escalafones particular confianza, político, militar y policial, "así como los vínculos de adscriptos, asistentes, voluntarios sociales, retirados policiales, arrendamientos de obra, docentes no escalafonados, reincorporados y reservistas". Tampoco incluyeron las renuncias de ciertas personas de más de 60 años porque podía entenderse como decisiones vinculadas al "derecho jubilatorio que no fueron registradas como tales".

Un 9% es un porcentaje que se puede considerar pequeño, sin embargo, "en el sector público en general los valores suelen ser bastante más bajos". Y se añade: "Los puestos de la función pública suelen gozar de una mayor retención que los del sector privado, posiblemente debido a la seguridad laboral, las prestaciones que brinda y las condiciones de trabajo estables".

De las 1.950 renuncias, 1.081 (55%) eran funcionarios públicos y 869 (45%) no funcionarios públicos. Es importante entender que, más allá de que renunció un mayor número de funcionarios públicos, en proporción lo hicieron menos que los no funcionarios públicos.

¿Qué significa? Del total de funcionarios públicos, renunció, en promedio, un 1,5%; mientras que, del total de no funcionarios públicos, fue el 5,1%. Esto muestra que "la naturaleza del tipo de vínculo laboral tiene influencia a la hora de tomar la decisión", se señala en el informe.

Otro de los datos que incluye el estudio es la diferenciación por sexo: las mujeres renunciaron más (64%, 1.252) en comparación con los varones (36%, 698).

¿Dónde trabajaban los que dieron el portazo? "El 62% de las renuncias se concentraron en cuatro incisos: Ministerio del Interior (20%), Presidencia de la República (18%), Ministerio de Economía y Finanzas (12%) y Ministerio de Desarrollo Social (12%)", se explica, y se aclara: "Al 31 de diciembre de 2024, estos incisos representaban el 50,7% de los vínculos totales, lo que implica que, aunque son los de mayor peso dentro del total, registran una tasa de renuncias proporcionalmente mayor, reflejando una mayor dinámica de rotación de personal".

También es relevante saber qué edades tenían las personas al momento de renunciar: el 63% estaba entre los 20 y 39 años, y en promedio tenían 36,2 años.

Asimismo, se analizó en qué escalafones de la administración pública estaban los 1.081 funcionarios públicos que renunciaron. La mayor parte era profesional (30,5%). Le siguió la categoría Otros (27,6%), "que agrupa contratos de trabajo, zafrales, excontratos de alta especialización, contratos de función pública (Ley 19.996), administrativos y fiscalizadores de Casinos y especializado de Casinos".

Para contextualizar, el estudio miró cuántas personas habían renunciado en proporción a la cantidad de trabajadores en su escalafón en diciembre de 2024, cuando había 17.789 funcionarios públicos. El grupo de profesionales presentó "un peso en las renuncias proporcional a su participación" dado que eran el 31% de los empleados. Sin embargo, la categoría Otros tuvo otra realidad: sufrió más de la cuarta parte de las renuncias pese a solo tener en su plantilla el 6,4% de los individuos.

El informe de la ONSC cita estudios externos que concluyeron que el "Estado tiende a ofrecer mejores condiciones relativas para trabajadores con niveles educativos bajos o medios, pero peores para profesionales universitarios, quienes encuentran mayores incentivos en el mercado privado". A lo que suma: "Esta brecha tiene impacto en la distribución de las renuncias por escalafón, donde los trabajadores profesionales concentran una parte significativa de los egresos". Otro factor que tiene relevancia y que opera como incentivo para la movilidad interna es que "existen notorias disparidades salariales según organismo", se agrega.

Puerta giratoria

Una parte de los trabajadores volvió a la administración central en los siguientes 90 días. Del subconjunto de 786 renuncias analizadas, regresaron 50 personas, lo que significa un 6,4%. La ONSC explica que la mitad de estas terminó en el Ministerio de Economía y Finanzas, y que la mayoría ingresó a la Dirección Nacional de Aduanas (13) y la DGI (siete). Estas son, continúa el informe, "sus dos unidades ejecutoras con mayores salarios".

Un dato destacado por la ONSC es que, si se miran los salarios de los trabajadores al renunciar y los del nuevo trabajo, un 83% de las personas (40) tuvo un incremento. No obstante, hubo un 15% (siete) que "realizó el cambio de organismo a pesar de que su remuneración disminuyó".