Bajo el agua

Finalmente lo logró. Tomó tiempo, pero el que persevera alcanza. El Gobierno por fin obtuvo la emergencia que anhelaba. Primero lo intentó en La Guajira en 2023, pero la Corte Constitucional declaró inexequible la medida, pues las situaciones que se pretendía corregir no eran sobrevinientes, sino antiguas; no correspondía enfrentarlas por vías de excepción. Un argumento análogo desbarató gran parte de la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo. Nuevamente la Corte dijo que no se podían utilizar situaciones de carácter crónico para justificar medidas de emergencia. Después vino el brote de fiebre amarilla. Pero este, por fortuna, amainó antes de que sirviera de excusa para echar mano de poderes extraordinarios. En diciembre el Gobierno ensayó otra vía: la emergencia por el descuajaringue presupuestal -producto, por supuesto, de su propia gestión-. Fue tan temeraria la intentona que la Corte adoptó una medida inédita y suspendió provisionalmente el decreto mientras lo examina a fondo. Todas estas emergencias frustradas compartían un defecto ontológico: no eran emergencias. Abordaban, sí, problemas reales, incluso muy graves, mas no situaciones, valga la redundancia, emergentes. Situaciones que rompieran de súbito la línea de flotación de la sociedad. Por eso la Corte las rechazó. ¿Será la quinta la vencida? Al Gobierno finalmente se le apareció la Virgen en la figura de san Pedro, que tiene al departamento de Córdoba bajo el agua, sumido en una aguda crisis humanitaria. Difícilmente puede sostenerse que esta no es una situación sobreviniente. Con lo cual, por fin, al Gobierno se le cumplirá su deseo: una emergencia genuina, que le ponga en bandeja lo que tanto quería: carta blanca para ejercer poderes extraordinarios antes de que concluya el periodo. Lástima que el precio de esas facultades sea que decenas de miles de cordobeses estén, esta vez literalmente, bajo la línea de flotación. Ya se anuncian las mismas medidas que no pudieron adoptarse por medio de declaratorias anteriores ni por la vía legislativa. Entre ellas, el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas: una figura expropiatoria sea cual sea el caso, pero que, aplicada a empresas, representa un desmantelamiento gradual del aparato productivo del país. También reaparecieron las "inversiones forzosas" que se plantearon en 2024 para controlar las decisiones de los bancos. ¿No es curioso que los instrumentos necesarios para atender una inundación coincidan con los que el Ejecutivo ha promovido de manera sostenida desde el inicio del mandato? Qué casualidad. Pero eso no es todo. La Casa de Nariño no solo aprovechará la tragedia para introducir a la fuerza lo que el Congreso y las cortes la han negado, sino para abultar la caja con fines electorales. El sufrimiento de los cordobeses merece toda la solidaridad del país, desde luego. Pero es cínico que esta administración, la más manirrota de la historia, use la inundación para justificar más impuestos, cuando ha derrochado fondos públicos de la manera más irresponsable que se haya visto. Pide plata porque el presupuesto está desfinanciado, pero solo en enero -antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías- suscribió 165.000 contratos por cerca de 15 billones de pesos: un incremento del 53 % y 68 %, respectivamente, frente al periodo análogo de 2022. Y no podemos olvidar que el mayor escándalo del Gobierno -hasta ahora- fue el saqueo de la UNGRD, ni más ni menos que la entidad encargada de lidiar con los desastres naturales. Nuestro deber como ciudadanos es doble: solidarizarnos con los cordobeses, ante todo. Pero también rechazar que el agua sirva de coartada para tapar un cuatrienio de desgobierno, despilfarro y corrupción. @tways / tde@thierryw.net
Tubo de ensayo
Thierry Ways
No puede afirmarse que la inundación en Córdoba no sea una emergencia. Con lo cual al Gobierno se le cumple su deseo.