En 2024 ya se habían incumplido dos pilares y en 2025 volvieron a observarse desvíos, sin esfuerzos de consolidación, aún cuando la regla fiscal continuaba vigente.
Uruguay cerró 2025 con un deterioro adicional en materia fiscal y el incumplimiento de al menos uno de los tres pilares de la regla aprobada en 2020, luego modificada en la nueva Ley de Presupuesto para regir desde 2026.
El déficit del Gobierno Central-BPS se ubicó algo por encima de 4% del PIB y el del sector público global cercano a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), explicados sobre todo por un aumento del gasto primario en un contexto de desaceleración de la actividad y menor dinamismo de la recaudación, que incluso se contrajo en el último trimestre del año. El país mantiene un nivel de deuda aún compatible con el grado inversor, pero con un margen de error más acotado para preservar la credibilidad del marco fiscal.
La regla fiscal original descansaba en tres elementos: un objetivo de balance estructural, un límite al aumento real del gasto primario y un tope de endeudamiento neto. En 2024 ya se habían incumplido dos pilares y en 2025 volvieron a observarse desvíos, sin esfuerzos de consolidación, aún cuando la regla fiscal continuaba vigente.
A falta de la rendición de cuentas oficial sobre el cierre fiscal 2025 y el informe del Consejo Fiscal Autónomo que "no muerde pero ladra", es posible extraer algunas conclusiones.
El balance cíclicamente ajustado habría culminado lejos de la meta inicial de 3% del PIB (aunque luego esta fuera modificada), el gasto real aumentó por encima del crecimiento del PIB potencial y el endeudamiento neto habría culminado levemente por debajo del holgado tope establecido (US$ 3.450 millones). Con todo, la deuda neta habría reforzado su trayectoria al alza, de no ser por la apreciación del tipo de cambio real y sus efectos de valuación. A su vez, este gobierno reformuló el marco para 2026-2030, desplazando el énfasis desde el control del gasto hacia metas sobre el nivel de deuda y el resultado estructural, con cambios metodológicos en su cálculo.
Para 2026 no se prevén mejoras significativas. Las proyecciones oficiales mantienen el déficit del gobierno central en torno a 4% del PIB y el global cerca de 5% del PIB, descansando exclusivamente en una mayor recaudación. La actividad ha venido de más a menos, el mercado laboral se debilita y las bases imponibles crecen menos, mientras los cambios metodológicos y la discrecionalidad en los ajustes impositivos tienden a suavizar los desequilibrios sin corregir su esencia.
Además, 2026 puede sembrar condiciones que comprometan la consolidación fiscal prometida para la segunda mitad del período. El Presupuesto plantea una reducción gradual del déficit basada sobre todo en más ingresos, con un gasto que permanece en niveles altos y supuestos exigentes sobre crecimiento, eficiencia recaudatoria y disciplina política. Cualquier nueva presión de gasto permanente volvería más difícil materializar esa trayectoria.
En este marco, aparecen dos riesgos específicos.
Primero, la "solucionática" frente a la desaceleración de la actividad y el deterioro del mercado laboral, con reclamos para usar la política fiscal y la intervención estatal como herramientas de estímulo mediante gasto, subsidios, algunas exoneraciones tributarias, mayor protagonismo de las empresas estatales e inversión pública. Todo ello, por cierto, sin gran impacto contracíclico, pero con altos riesgos y costos a la larga.
Segundo, la disputa interna a nivel de la coalición de gobierno ante presiones de los partidos que la integran y movimientos sociales para atender supuestas demandas postergadas, segmentos poblacionales en dificultades y rubros económicos complicados, en el contexto de pérdida de aprobación ciudadana y lecturas erróneas sobre "el giro a la derecha" de América Latina. Todo ello, por cierto, con la perspectiva del próximo ciclo electoral.
Dos hitos serán particularmente relevantes.
Por un lado, estará la Rendición de Cuentas 2025 que será el primer test de la voluntad del gobierno de contener el gasto y priorizar la consolidación fiscal: si agrega gasto permanente neto sin compensaciones, la promesa de reducir el déficit quedará debilitada.
Por otro, tendremos el desenlace de la Comisión de Protección y Seguridad Social, cuyas recomendaciones en materia previsional y de beneficios pueden implicar compromisos fiscales de largo plazo, en un sistema ya tensionado por la demografía y reformas parciales. Además, es muy probable que se incluyan propuestas de aumentos de la carga impositiva a los flujos y/o stocks de capital físico y humano. Esto es, una sobretasa del Impuesto al Patrimonio u otras formas de gravámenes a la riqueza, sin descartar mayores imposiciones a las rentas empresariales y laborales.
Todo ello refuerza el riesgo de un círculo vicioso: menor crecimiento económico, otro deterioro fiscal, nuevos ajustes impositivos, expectativas de inversión debilitadas, desaceleración adicional de la actividad, recaudación por debajo de lo previsto y nuevas alzas tributarias. En ese contexto, se vuelve más incierta la perspectiva de reducción del déficit en la segunda mitad del período. Si las holguras de la nueva regla se usan para postergar ajustes y los ingresos no se materializan, el déficit podría quedar cerca de los niveles actuales, forzando más adelante correcciones más abruptas, repitiendo un patrón ya conocido de aprovechar el margen que da el grado inversor al inicio del ciclo político y pagar después, en peores condiciones, el costo de los ajustes diferidos.
El País, Uruguay
17 de febrero de 2026
