Parlamento tendrá una comisión especial por caso Cardama: crónica del ida y vuelta entre el FA y la oposición

La relación entre las bancadas del Frente Amplio y la oposición pasó por uno de sus peores momentos en el actual período. Fue una semana de Carnaval "para el olvido", al decir de un senador nacionalista. Varios fueron los temas de desencuentros, pero el que se llevó la atención mediática y las principales energías de los principales dirigentes del oficialismo y la oposición fue el caso Cardama y su coletazo parlamentario: dos iniciativas, paralelas e insólitas, de instalar, por separado, una comisión investigadora en el Senado y otra en Diputados. La primera con el enfoque, y los votos, del gobierno; la segunda con la mirada, y los apoyos suficientes para crearla, de la oposición.

Fue tal la intensidad del enfrentamiento que las bancadas se enfrascaron en una extraña carrera, en la que por momentos tomaba ventaja el oficialismo y por otros la oposición, hasta que, sobre el final de la semana, fue el Frente Amplio el que tenía todo pronto para votar su investigadora en el Senado. Eso hubiera significado un quiebre en el diálogo entre ambos bandos, dijeron fuentes parlamentarias. Porque hubiera significado que la oposición no solo no votara ese ámbito sino que tampoco lo conformara, y hubiera tenido consecuencias como la notoria "ausencia" de legisladores en el discurso que dará el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General el próximo 2 de marzo.

De otro lado, el Parlamento tendría dos comisiones que "duplicaría esfuerzos", como reconoció el senador blanco Carlos Camy en conferencia de prensa ayer, y además ninguna de las dos lograría la legitimidad necesaria como para validar sus conclusiones.



Por eso, el resultado al que finalmente se llegó ayer tras arduas negociaciones en el Palacio Legislativo, y cuyos detalles se reconstruirán a continuación, conformó a frenteamplistas, blancos y colorados -y por supuesto a las fuerzas políticas más pequeñas de la oposición, como Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana, que integrarán el ámbito parlamentario.

La conformidad del oficialismo se debe a que, de esta manera, "se va a jerarquizar la investigación, que de otro modo no hubiera sido posible", dijo a El País el senador Eduardo Brenta, al referirse a la alocada posibilidad de dos comisiones en ambas cámaras que por defecto quedarían "invalidadas". "Ahora tenemos un espacio legitimado por todos los partidos, y las condiciones necesarias para avanzar en la investigación y determinar los responsables de este fraude contra el Estado", agregó.

La satisfacción en la oposición reside en la percepción de que se logró conformar una comisión justamente con todos los partidos representados -objetivo planteado desde el primer día- y con características que fueron fruto de la negociación misma. Y porque, en definitiva, terminó triunfando una propuesta formulada por ellos.

Ida y vuelta con Díaz

Sobre las dos de la tarde, blancos y colorados mantenían una reunión de bancada -con diputados y senadores- en la que, de pronto, Pedro Bordaberry tomó la palabra para plantear una idea que había surgido en una charla que había tenido horas antes con el nacionalista Martín Lema. El colorado dijo que podía evitarse el capricho al que el Parlamento parecía inexorablemente encaminado si se llegaba a un acuerdo con la coalición de izquierda para crear solamente una investigadora, y de carácter bicameral.

Entonces, según relataron participantes de la reunión, el diputado Juan Martín Rodríguez intervino para precisar que la ley N° 16.698 no contemplaba esa posibilidad: las comisiones de investigación eran en una cámara o en otra, no bajo la órbita de la Asamblea General. Bordaberry retrucó que la siempre ambigua redacción de la Constitución sí contemplaba esa posibilidad, pero tras un debate que iba a destinado a establecer la existencia irreconciliable de dos bibliotecas, se acordó que sí se podía formar una comisión especial en la Asamblea General, y que en los hechos actúe como una investigadora.

Faltaba ahora solamente trasladárselo al Frente Amplio, y que aceptaran las condiciones de la oposición: que el proceso que culminó con la rescisión del contrato con el astillero español por parte del gobierno de Yamandú Orsi -luego de denunciar serias irregularidades en las garantías y en la fase de la construcción de las dos patrulleras oceánicas- tenía necesarios antecedentes a ser también indagados, que se remontaban hasta el año 2005.

Con esa propuesta definida a grandes rasgos, Camy llamó a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, para concertar una reunión con ella y con Daniel Caggiani, coordinador del Frente Amplio, lo que fue aceptado de inmediato.

A esa reunión asistieron, además, los senadores Graciela Bianchi (Partido Nacional), Robert Silva y Tabaré Viera (Partido Colorado), quienes regresaron a la reunión de bancada de la oposición a esperar la contestación del Frente Amplio.

La respuesta del oficialismo llegó una hora y media después, luego de tener un encuentro entre sus senadores, y que contó con la presencia del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz -la principal cabeza estratégica del gobierno en todo el caso Cardama.

La devolución fue la siguiente: aceptaban, pero la comisión debía tener una integración de entre 15 y 17 legisladores, con mayoría para el oficialismo. El plazo de investigación debía de ser de 12 meses, y el año desde el cual comenzar el análisis tenía que ser 2014. El espíritu en la bancada oficialista, dijo un legislador de la izquierda a El País, era que si no había una buena recepción en la coalición opositora se seguiría adelante con la investigadora en el Senado. Y no lo descartaron hasta el final.

Pero la hubo. Cuando Camy, con los otros tres coordinadores, regresaron a la sala donde el Frente Amplio estaba reunido, trasladaron que estaban dispuestos a cerrar el acuerdo siempre y cuando el proceso a ser investigado arrancara en el año 2010 - opción intermedia-, el foco del trabajo parlamentario sea neutro y no con el marco propuesto por el oficialismo -en donde se enfatizaba en los episodios anteriores a la rescisión y que referían al gobierno de Luis Lacalle Pou- y obtenían la mayoría de la integración o la presidencia del cuerpo; una de dos.

El asunto quedó resuelto en la tercera reunión: el Frente Amplio aceptó ceder la presidencia y quedarse con la mayoría, lo que era esperado por la oposición.

"Nos quedamos con casi todos los puntos que queríamos" dijo un legislador blanco, al hacer un balance de la negociación.

"Fue un triunfo para nosotros; porque si se conformaban las comisiones por separado no se iba a investigar nada en serio", es la evaluación que hace un legislador oficialista.