Impuestos y crédito caro: la cuenta que empieza a correr con la emergencia

Mientras el Gobierno aún no tiene fecha para expedir los decretos que definirán cómo se financiará la emergencia económica -declarada al amparo de la ola invernal que tiene azotados ocho departamentos del país-, el sector empresarial ya hace cuentas. Y no son menores. La pregunta que inquieta al sector productivo no es si hay que atender la emergencia -en eso hay consenso-, sino cómo se financiará. Porque la cuenta puede terminar en el bolsillo de empresarios, ahorradores y hogares, vía mayores impuestos o crédito más costoso. El Ejecutivo ha hablado de una necesidad cercana a $ 8 billones para enfrentar la crisis. Sin embargo, estimaciones privadas señalan que solo el impuesto al patrimonio podría recaudar bastante más. Según el centro de estudios económicos Anif, el gravamen -con umbral desde 10.475 millones y tarifas marginales de 0,6 por ciento hasta 31.000 millones y 1,2 por ciento sobre ese nivel- tendría un potencial de recaudo cercano a 13,4 billones. Ese monto implicaría elevar la tasa efectiva de tributación empresarial del 29,8 al 35,5 por ciento, un salto cercano a seis puntos porcentuales. Más ingresos fiscales hoy. Pero, como advierte Anif, con el riesgo de menos inversión mañana. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostiene que el impuesto al patrimonio es "altamente antitécnico" porque grava la inversión. "Si usted tiene una compañía sana, con más activos que pasivos, el Estado lo va a gravar. Eso termina afectando la generación de empleo y a las familias colombianas", afirma. Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, "el sector empresarial aporta el 60,5 por ciento de los ingresos del Gobierno Nacional. No es que no se esté aportando, es que se está malgastando". A su juicio, antes de crear nuevos tributos, debería exigirse austeridad y eficiencia en el gasto. Pero el debate no se agota en la carga tributaria directa. La otra medida que se perfila -y que aún no tiene decreto- son las inversiones forzosas al sistema financiero. Desde Asobancaria sostienen que Colombia ya es el tercer país de la región con mayor "represión financiera", por la combinación de tasa de usura, inversiones obligatorias en títulos agropecuarios, límites regulatorios y restricciones sobre costos financieros. El resultado, advierten, es una profundización financiera que apenas alcanza el 44 por ciento del PIB, prácticamente el mismo nivel de hace una década, lejos del potencial estimado del 65 por ciento. La inclusión crediticia tampoco despega: solo el 51 por ciento de la población adulta tiene acceso a crédito formal, muy por debajo de referentes internacionales cercanos al 75 por ciento. Si se estableciera una nueva inversión forzosa similar a la vigente -del orden de $ 35 billones- el gremio calcula un efecto directo: aumento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés, reducción de 0,9 puntos porcentuales en la cartera y caída de 0,3 puntos en el PIB. En otras palabras: menos crédito y más costoso. "La medida termina afectando a los colombianos vía encarecimiento del crédito y no necesariamente garantiza mayor financiación en los sectores que se desean impulsar", advierte el gremio. Y añade que existen instrumentos más eficaces y menos distorsionantes, como subsidios focalizados a la tasa, garantías estatales o líneas de redescuento. La banca recuerda que, en el marco del llamado Pacto por el Crédito, entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se desembolsaron 1,9 millones de créditos por 10,4 billones de pesos a la economía popular y 7,2 millones de créditos por 26,4 billones al sector agropecuario. Es decir, que el crédito dirigido viene aumentando sin necesidad de obligaciones adicionales. Asomicrofinanzas coincide en el riesgo. Obligar a las entidades a destinar recursos a inversiones específicas "puede restar liquidez al sistema, reducir la disponibilidad de crédito productivo para micronegocios y generar presiones al alza en las tasas", señala el gremio. El impacto no se limitaría al balance de los bancos. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advierte que los efectos se trasladan al ahorro. "Los perdedores naturales son los ahorradores colombianos", afirma. Obligar a invertir recursos en destinos específicos puede afectar la eficiencia y la rentabilidad del capital en un sistema que administra los depósitos de millones de personas. La preocupación también cruza fronteras. Fitch advirtió que si se introducen requisitos obligatorios de colocación que obliguen a los bancos a prestar "independientemente de criterios técnicos", se comprometería la gestión del riesgo y podría acelerarse el deterioro de la cartera. Aunque reconoce que la capitalización del sistema es sólida, la calificadora señala que el entorno -salario mínimo elevado, tasas altas, inflación persistente y cambios regulatorios- ya es exigente. Una intervención adicional marcaría un punto de inflexión en la calidad de los activos. En paralelo, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, introduce una advertencia constitucional: si la necesidad es de 8 billones y el impuesto al patrimonio puede recaudar cerca de 13 billones, el Gobierno no podría exceder el monto necesario para conjurar la crisis. "La emergencia no puede utilizarse para cubrir los faltantes presupuestales", subraya. Y Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, aunque considera jurídicamente procedente la declaratoria por tratarse de una grave calamidad pública, insiste en que no es inevitable crear nuevos tributos. Recuerda que la ejecución presupuestal del año pasado fue cercana al 83 por ciento y que el 17 por ciento restante -que podría rondar los 86 billones de pesos- constituye recursos del balance susceptibles de reorientarse mediante traslados y adiciones presupuestales. "No es aconsejable acudir a nuevos impuestos cuando la inversión ya viene debilitada", advierte. La preocupación no es la emergencia, sino el mecanismo. Porque si el recaudo termina acercándose más a 13 billones que a 8, y si además el crédito se encarece por nuevas inversiones obligatorias, la solidaridad con los damnificados podría traducirse en menos inversión, menor dinamismo crediticio y más incertidumbre económica.