Miembros del Consejo de Asignaciones finalizan sus períodos y partidos no definen todavía a sucesores
Legisladores que dejarán ahora sus escaños y algunos excongresistas están interesados en ocupar dos de las vacantes de la entidad, asociadas a dietas de entre $4 millones y $5,2 millones mensuales.
El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP), organismo con rango legal que regula el uso de los fondos públicos que reciben los congresistas para ejercer sus tareas, corre el riesgo de quedar acéfalo de aquí a dos semanas.
Los períodos de todos sus integrantes cesarán automáticamente el próximo 10 de marzo, pero los partidos políticos aún no se ponen de acuerdo en quiénes debieran reemplazarlos.
A pesar de que la tarea del CRAP tiene un perfil técnico, sus miembros han sido siempre nombrados a partir de acuerdos entre las colectividades representadas en el Legislativo.
Por norma, los cinco integrantes del Consejo son un exsenador y un exdiputado (ambos con un mínimo de ocho años de ejercicio); un exconsejero del Banco Central; un exministro de Hacienda o de Economía, o un exdirector de la Dipres, y un exdecano de una facultad de administración, economía o derecho de una universidad reconocida por el Estado.
Asistir a sesiones, entre sus tareas
Actualmente, solo cuatro de los cinco sillones del CRAP están ocupados, y permanece vacante el correspondiente a un exministro o ex-Dipres, pues no fue posible, en los últimos años, encontrar a una persona que cumpliera con ese perfil, contara con el apoyo de los partidos y estuviese disponible para asumir la tarea.
Los integrantes en funciones de Consejo son el exsenador Rabindranath Quinteros (PS), el exdiputado Iván Norambuena (UDI), el exconsejero del Banco Central, Roberto Zahler, y el exdecano Roberto Guerrero, quienes están próximos a finalizar sus períodos (ver fotos).
Los propios legisladores advierten que los cargos de consejeros son "apetecidos", pues están asociados a dietas que fluctúan entre los $4 millones y los $5,2 millones (para quien ejerce como presidente). Quienes integran ese cuerpo deben asistir periódicamente a sesiones, donde examinan diversos aspectos relacionados con el uso de las asignaciones disponibles para diputados y senadores.
Debido a la inminencia del término del período de los cuatro consejeros, la comisión bicameral del Congreso encargada del tema libra una carrera contra el tiempo para definir los nombres de quienes deberían ocupar los cinco sillones del CRAP durante el próximo cuatrienio.
Si esa comisión, liderada por el senador Pedro Araya (PPD) y legisladores de todos los sectores, no logra poner de acuerdo a los partidos para confirmar una quina, se daría una situación inédita: el Consejo quedaría sin miembros y sus funciones, en suspenso, tomando en cuenta que la norma no considera la posibilidad de extender los períodos de los actuales integrantes.
La bicameral prevé sesionar la próxima semana, inmediatamente después del término del receso veraniego, de modo de consensuar primero los dos nombres de quienes irían a los cupos de excongresistas.
Para optar a esos sillones ya hay varias posibles cartas sobre la mesa, como detallan los propios legisladores: Rabindranath Quinteros (PS), quien buscaría permanecer en el organismo; el exsenador Juan Pablo Letelier (PS), y a lo menos cuatro legisladores que dejarán ahora sus escaños: el senador Jaime Quintana (PPD), la diputada Claudia Mix (FA), la senadora Carmen Gloria Aravena (ind. de derecha) y el diputado Leonardo Soto (PS).
"Ha sido bastante compleja la negociación"
Los congresistas cuentan que solo si hay acuerdo en torno a los dos nombres para ocupar los sillones de exparlamentarios, podría avanzarse hacia la nominación de los otros tres cargos, también en función de un consenso político.
"Ha sido bastante compleja la negociación de la designación de los consejeros, esperamos generar el acuerdo necesario y resolver el tema el próximo martes y miércoles, de modo de dejar instalado el consejo para el próximo período; si no, tendremos un problema complejo", se limitó a comentar el senador Araya.
La propuesta que haga la bicameral debe ser votada -y aprobada- después por las salas de la Cámara y del Senado, respectivamente.
Todo ello, como se indicó, debiese suceder antes del 11 de marzo, de modo de dar continuidad a la tarea del Consejo, que orienta a los legisladores en el uso de sus asignaciones y valida -o rechaza, en otros casos- gastos realizados por los senadores y diputados con las platas que tienen disponibles.