Todavía puede ser peor

Jorge Restrepo
A escasos 6 meses de terminar, el oficialismo encontró que su radicalización antiempresa aumenta la probabilidad de mantenerse en el poder. El Gobierno se reservaba varios ‘golpes’ como los llamó el Presidente. Después del extraordinario aumento del salario mínimo, que golpeó más a las pequeñas empresas formales en entornos competidos, que deben asumir el incremento en sus costos, se suma ahora el impuesto al patrimonio, que no consulta capacidad de pago y que mina la capacidad de una empresa para generar utilidades: un impuesto a la riqueza que ‘cancela el lucro’ para la galería y mina el capital productivo. Las tarifas contra la riqueza anunciadas anteayer, en un nuevo decreto de emergencia económica, no sólo son confiscatorias en la precisa definición de la Corte Constitucional sino que golpean selectivamente actividades de interés público: el sector financiero y el minero y de hidrocarburos, la tarifa de 1,6% del patrimonio en un año hace inviable en la práctica la operación en estos sectores, en los que la tributación nominal alcanza el 50% de las utilidades. Ni hablar del uso selectivo dirigido al control de precios de la autoridad de la competencia o las inspecciones, también selectivas, de los inspectores de trabajo. Como muchos advertimos que lo haría, el martes el Gobierno publicó ‘para consultas’ el decreto de nacionalización del ahorro pensional, para financiar gasto, al decretar el traslado -en quince días hábiles- de cerca de 25 billones de pesos de ahorro pensional, el ahorro y rendimientos de quienes usaron la "ventana de traslado" al sistema estatal de reparto, en busca megapensiones con megasubsidios. Otro golpe antiempresa fue el anuncio de inversiones forzosas en el sector financiero, aunque no afecta el ahorro -en eso hay que ser directo: minar sin argumento la confianza en el sistema y la seguridad del público depositante o ahorrador en las instituciones financieras solo contribuye a potenciar las medidas del sesgo anti empresa. Este radicalismo reforzado sirve a la estrategia electoral: distancia los polos de votantes al volver al gobierno un actor extremo radical en lo político para aumentar su probabilidad de mantener el poder ante el otro polo extremo, impidiendo la emergencia de candidatos moderados. Las empresas, siempre serán vulnerables ante un gobierno empeñado en hacer lo incorrecto. Por ello se les oye, con razón, amedrentadas, con el silencio como la mejor medida para protegerse de la voracidad y la enorme capacidad gubernativa del oficialismo. La confrontación no es la salida y la acomodación tampoco. Enfrentarse al gobierno genera una visibilidad que aumenta aún más el riesgo y los intentos de coordinación para acomodar a lo sumo logran aplazar las acciones más dañinas, sin impedir efectos irreversibles. El litigio sirve, pero no ha logrado constreñir al gobernante ni tampoco frenar lo irreversible. Parece más fácil coordinar en política electoral: apoyar la moderación y la efectividad para reconstruir, para reorganizar y reconciliar, no el radicalismo. Ojalá nuestros empresarios tomen buenas decisiones en lo político, para que no tengan que refugiar sus capitales.
Profesor U. Javeriana.