Apogeo prebendario

La palabra "prebenda" proviene del latín (praebenda), que era una paga definida por el Estado a los particulares, lo que devino en un significado tan claro como vigente en el Uruguay de hoy: "Oficio, empleo o ministerio lucrativo y poco trabajoso".

Hace días, Agustín Iturralde nos ilustraba en esta página sobre la reacción de muchos jóvenes contra el paradigma del estado de bienestar. Se dan cuenta de que sostienen en forma creciente con sus impuestos a un sector pasivo cada vez más voluminoso, lo que está provocando una rebelión que se expresa en el auge de gobiernos ultra liberales.

En Uruguay el problema es aún más visible. No se trata solo de la compleja relación activo-pasivo, dadas la baja de la natalidad y el alargamiento de la vida. Con la valentía de nadar contra la corriente de la demagogia, el gobierno pasado tomó ese toro por las astas y consiguió reformar la seguridad social para hacerla más viable en el mediano plazo. Es verdad que se le puso a la leche más agua de lo debido, como graficara el expresidente Lacalle Pou, pero aquella reforma tendrá consecuencias virtuosas, que por supuesto el actual gobierno del FA ya está tratando de dinamitar.

Pero a este problema de un Estado que promete subsidiar más pasivos con menos activos que lo sustenten, se suma otro mito vernáculo que el frenteamplismo defiende y agranda a capa y espada: los beneficios extraordinarios que reciben los funcionarios públicos. Esta semana nos enteramos de dos perlitas de difícil digestión para quien produce riqueza y paga la fiesta burocrática.

El senador colorado Gabriel Gurméndez ha observado que un convenio salarial de las empresas públicas incluye partidas especiales a los funcionarios, que no estaban previstas en los aumentos previamente pactados. Gurméndez fue claro: son partidas anuales, a pagar cada febrero, de 7.000 pesos por funcionario, que constituyen "una especie de regalo, una vergüenza, algo que no está presupuestado y que no está atado al cumplimiento de ningún objetivo". Es fruto de un convenio firmado en diciembre por el gobierno con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la que arguye que este plus es una suerte de compensación por la "demora" en la recuperación del poder adquisitivo postergado por la pandemia en 2020, pero plenamente alcanzado ya en 2024 (en base a un exitoso convenio que fue suscripto por el propio Pit-Cnt).

Ahora se le saca un poquito más de plata a las empresas públicas para que sus sindicatos creen una bolsa común. Definieron ese monto de 6.999 pesos (sic) para distribuirlo equitativamente entre los funcionarios, sin tener en cuenta el escalafón y excluyendo los cargos políticos y de particular confianza, así como las remuneraciones de becarios y pasantes. La crónica de El País de ayer advierte que "en el caso de UTE, los beneficiarios son 6.124 personas" y que "la partida estará exonerada de aportes a la seguridad social".

Como todavía la biotecnología no ha logrado inventar un árbol del que crezcan billetes de mil pesos, esa erogación de las empresas públicas la pagarán los usuarios. ¿Será por eso que OSE, por ejemplo, aumentó su tarifa por arriba de inflación, justo en el momento en que ofrece un agua con los mismos trihalometanos que cierta vez hicieron llorar a la ingeniera Cosse ante las cámaras?

Pero esto no es todo. En su edición de ayer, Búsqueda consigna que este año la Intendencia de Montevideo vuelve a pagar abultadas sumas a sus inspectores y funcionarios del departamento de Tránsito, como inefable "comisión" por las multas cobradas a lo largo del año. Acá tampoco hay la más mínima sujeción a resultados de gestión, porque el periodista Federico Castillo se encarga de publicar las iniciales de unos cuantos funcionarios que fueron sancionados por la Intendencia (debido a procesos por desacato, sumarios por conflicto de interés, suspensiones sin goce de sueldo), pero nada de eso impidió que cobraran tales beneficios adicionales, de hasta 800.000 pesos por año.

Como los plátanos montevideanos tampoco crían billetes, ese regalito de semana de carnaval lo pagamos los montevideanos con el desproporcionado aumento de nuestros impuestos (único país del mundo donde la patente de rodados, en lugar de bajar, se incrementa a medida que los vehículos envejecen).

Por eso cabe hacerse la misma pregunta con que nos desafiaba Iturralde en su última columna: ¿hasta cuándo los contribuyentes y usuarios de empresas públicas seguiremos aceptando pasivamente que se aceite la maquinaria electoral de la burocracia con nuestro sacrificio?