Queremos saber

El gobierno, el Frente Amplio, la oposición política que representa más de la mitad de la población, todos pendientes del "caso Cardama", -de las lanchas, de lo que podríamos tener que pagar o de lo que rescataríamos- mientras a lo largo de esta cabalgata se cometen abusos de poder y se violentan leyes, códigos, la propia Constitución y la democracia misma al desconocerse derechos básicos del ciudadano, en particular aquel que es sustento y razón de ser del sistema: el derecho del pueblo a saber de qué se trata. Esto es, su derecho a saber "qué están haciendo" y a reclamarle a sus elegidos que cumplan con su obligación de dar cuenta de cómo manejan los asuntos cuya administración se les ha encargado y para lo que se les delegan poderes y facultades; esto es, se les privilegia pero al tiempo se le marcan obligaciones: no se les delega el derecho a esconder o a "disfrazar" aunque amontonen informes de bufetes y "grados X".

Decía Alberdi que la libertad de expresión no se delega y que el pueblo se la reserva para sí. Y es lógico, se trata del derecho a expresar libremente lo que se piensa y lo que se entienda y el derecho a acceder a toda la información notoriamente pública y a buscar información y difundir información; no podría se de otra forma, si no, ¿de qué democracia estamos hablando?

El tema Cardama parecería que no es tan tan importante; no es mucho más serio que "María Dolores" -ambos nos cuestan plata a los contribuyentes- pero el hecho es que fue el gobierno al mayor nivel y con hasta demasiada parafernalia el que lo lanzó al ruedo: el Presidente y sus asesores mas cercanos como laterales hicieron sonar las campanillas para dar cuenta de qué fue lo que hizo el anterior gobierno. El pueblo tiene derecho a saber. ¿No?

Y resulta que ahora, después de todo ese show, se nos pretende escatimar información para saber y comprobar cómo fueron las cosas; si el gobierno anterior actuó tontamente, si fue sorprendido en su buena fe en su afán de dotar al país de una serie de instrumentos para cuidar sus riquezas y su seguridad y garantizar sus fronteras o si fue incapaz para manejar el tema y si otra vez un "pícaro" español nos vendió espejitos, o si por otro lado alguien valiéndose de esa carátula sacó provecho personal. Queremos saberlo, queremos tener elementos y fundamentos para pedirles cuenta.

Queremos saber todo, también sí, en cambio, solo se trató de un plan para desprestigiar al gobierno anterior y a figuras relevantes de la oposición y al mismo tiempo de una distracción para esquivar los reclamos por la falta de propuestas del gobierno que, según parece, no conforma ni a sus bases.

No resulta muy de recibo eso de amparar el secreto con lo de la investigación fiscal. Es tomarnos por muy desinformados; en los últimos años el origen de la gran mayoría de las filtraciones se ubica en las fiscalía: cada día se destapa más como han sido y son estas cosas de las filtraciones. Es más, se denuncia en estas horas que la propia presidencia viola lo prohibido por el Código al que recurrió para negarle información al Legislativo.

Con todo esto quizás no se dé tanto crédito a los relatos sobre "pilares de la convivencia", respeto a las normas y protección de derechos, que se divulgan por ahí. En lo que hace a los uruguayos, para empezar que no se nos tome por tontos, y que no se nos retacee información.