Necesidad de respuestas

Muchas aclaraciones esperan los parlamentarios de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, cuando concurra a la comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, luego de la polémica que surgiera tras el aporte público de alrededor de $50 millones para financiar el festival de cine pornográfico titulado "Excéntrico".
Los parlamentarios la citaron para aclarar cuáles son los límites a la creación artística y del financiamiento estatal que ha fijado el Gobierno, pues no se entienden los criterios aplicados para subvencionar una actividad de este tipo. Hasta ahora, la respuesta del ministerio ha sido reafirmar que los procedimientos mediante los cuales se obtuvo el subsidio cumplen con la norma y que la responsabilidad recae en el Consejo Audiovisual, órgano integrado por productores, editores y otros profesionales, presidido por el subsecretario de la repartición.
Este caso -que según sus realizadores, pretende abrir "una ventana" al cine porno hecho en Chile y en el extranjero- plantea dudas respecto de los criterios de selección para las obras que merecen subsidio, especialmente cuando se cuenta con presupuestos ajustados en un ámbito que suele sufrir estrecheces, según reclaman los propios creadores.
El discurso que acompaña a la actividad cultural -muchas veces acertadamente- apunta a que la creación requiere de apoyos concursables para poder desarrollarse y llegar a un público masivo, pues suele tratarse de actividades no lucrativas. Nada de eso ocurre con el cine pornográfico, que es parte de una industria millonaria. Es, además, cuestionable la conveniencia de impulsar su difusión debido al rechazo moral que amplios sectores de la sociedad expresan al respecto y los efectos nocivos que la pornografía podría tener en niños y jóvenes. De allí que se esperaría de los organismos correspondientes una selección más enfocada en la promoción cultural para un público general, evitando ofender a ciertos grupos o intentando responder a nichos específicos.
El debate por el financiamiento del cine pornográfico vuelve a centrar la atención en los criterios planteados en torno a la actividad cultural, tema debatido en diversas oportunidades, pero con mayor fuerza con ocasión de la restauración de las obras patrimoniales vandalizadas durante los hechos de violencia que desde octubre de 2019 destruyeron inmuebles, fachadas y obras artísticas. Entonces se levantaron voces que sostenían que se trataba de expresiones diferentes, por lo que no debían borrarse para recuperar el perfil original, retardando -en algunos casos- la recuperación de los espacios públicos.
Es tarea de la autoridad fomentar la cultura en todas sus diversidades, pero la opinión pública merece conocer los criterios mediante los cuales se materializa ese fomento. Como señaló un diputado de origen rapanuí, no se entiende que se adjudique un presupuesto muy ajustado al desarrollo cultural de la isla, mientras se destinan $50 millones a la promoción del cine pornográfico. Son criterios que debiera aclarar la autoridad.