Reliquidación eléctrica: cumplir la ley no es hacer política

En estas páginas, un economista que pareciera no estar familiarizado con la regulación eléctrica sostuvo que la SEC habría "retrasado" la reliquidación del VAD 2020-2024 por razones políticas. La imputación es seria: supone que un procedimiento técnico y reglado se administró según coyuntura electoral. Para sostenerla, se requiere un estándar alto de evidencia, que aquí no aparece.
La reliquidación no es una potestad discrecional. La Ley General de Servicios Eléctricos (art. 192) ordena reliquidar cuando el decreto definitivo difiere de valores aplicados provisoriamente. En este caso, además, la Ley 21.667 condicionó su ejecución a que el decreto VAD 2020-2024 quedara completamente tramitado (incluida la toma de razón). Solo desde ese hito la autoridad quedó jurídicamente habilitada -y obligada- a implementar el proceso. La discusión pública debería partir por ese dato estructural, no por insinuaciones.
La entrevista pretende "probar" una supuesta demora comparándola con dos episodios ajenos: la revalorización de activos de transmisión y el caso de la doble imputación vinculada a los reajustes por inflación. Se sugiere que ambos se habrían resuelto "en un par de meses", y que por eso la reliquidación del VAD sería anómala. Esa comparación falla en dos planos.
Como sabe cualquiera que conozca estos procesos, en los hechos: en transmisión, el proceso completo de revisión y revalorización tomó más de un año -con requerimientos de información, auditorías, validación de bases y ajustes-; y el otro caso también se extendió por largo tiempo, con controversia técnica y debate político, al punto de discutirse responsabilidades por las demoras.
En lo institucional: aun si los plazos hubieran sido otros, se trata de procesos de naturaleza regulatoria distinta, tramitados bajo lógicas y órganos diferentes. Ninguno de ellos equivalía a una reliquidación masiva de distribución.
La reliquidación del VAD exige recalcular diferencias acumuladas por muchos meses entre decretos distintos, revisar bases con millones de registros, validar consistencia y trazabilidad, aplicar intereses conforme a reglas específicas y diseñar un mecanismo de devolución ejecutable y proporcional. Comparar ese trabajo con ajustes regulatorios sectoriales no solo simplifica en exceso la discusión: desdibuja la arquitectura institucional del sistema eléctrico.
Lo paradójico es que el verdadero riesgo de politización aparece en sentido inverso: insinuar "balas de plata" contra una autoridad fiscalizadora que está haciendo su trabajo, precisamente cuando está en medio de las resoluciones definitivas sobre un evento grave -como el black-out de 2025- sí puede leerse como un llamado a trasladar la disputa al terreno político donde debería primar la técnica.
Insinuar "balas de plata" contra una autoridad fiscalizadora que está haciendo su trabajo (...) sí puede leerse como un llamado a trasladar la disputa al terreno político donde debería primar la técnica.