Concesionario de Hospital del Salvador arremete contra el Gobierno por retraso en obras

En 2019 se estimaba que el Hospital del Salvador comenzaría a operar, pero una serie de retrasos en sus obras ha pospuesto por largos años su entrada en operación.
La construcción del recinto, ubicado en la calle homónima de Providencia, y del Instituto Nacional de Geriatría, adjudicada en 2014, aún no termina. En este contexto, el concesionario Consorcio Salud Santiago Oriente S.A., que desarrolla el hospital (ligado a la mexicana GIA+A y un fondo privado), ingresó una discrepancia al Panel Técnico de Concesiones, arremetiendo en contra de los ministerios de Obras Públicas (MOP) y de Salud (Minsal) por la demora en la culminación de las obras, acusando que esta situación es responsabilidad de dichas carteras.
En la discrepancia, la firma indicó que las autoridades incumplieron sus obligaciones contenidas en el Convenio Ad Referéndum 2, suscrito en febrero de 2024, y que comprendía modificaciones requeridas por la autoridad al Contrato de Concesión, incluyendo nuevas obras y mayor equipamiento médico. Este convenio estipulaba una nueva fecha para la Puesta en Servicio Provisoria (PSP), que se debía alcanzar a mediados de 2025.
Sin embargo, la empresa sostuvo que un retraso en la firma del contrato de suministro eléctrico conllevó una importante demora en las obras, lo que -según señala en el documento- habría sido responsabilidad de ambas secretarías de Estado. Además, indica que esta situación causó un fuerte impacto económico a la sociedad. A mediados del año pasado, la concesionaria exigió en la misma instancia una compensación de 155.573 UF, es decir, unos US$ 6 millones por los atrasos en las obras.
"Esta discrepancia, sometida al escrutinio del Honorable Panel Técnico de Concesiones, demuestra el patrón de conducta negligente y sistemáticamente omisivo adoptado por el MOP y el Ministerio de Salud en la ejecución del Contrato de Concesión del Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría (...). Lo que debería ser la culminación de un proyecto de infraestructura crítica para la salud pública chilena se ha transformado, como consecuencia de los incumplimientos de la autoridad y/o eventos ajenos a la sociedad Concesionaria, en el contrato con mayor retraso e impactos en la historia del sistema de concesiones del país, acumulando una demora superior a los seis años", señala el escrito al que tuvo acceso "El Mercurio".
El documento, además, detalla que el "punto culminante de la gestión desastrosa del Estado" se refleja en la "crisis del suministro eléctrico con Enel, donde la autoridad incurrió en una verdadera desviación de poder para eludir sus responsabilidades económicas". Acusa que durante más de dos años, el MOP y Minsal, "en su calidad de propietarios y futuros operadores de los establecimientos de salud, se resistieron obstinadamente a firmar los contratos de suministro y caución requeridos por la normativa sectorial". En este sentido, afirma que "este bloqueo administrativo fue mantenido a pesar de las advertencias reiteradas, por años, tanto de la Concesionaria como de la propia empresa distribuidora, de que sin energía era materialmente imposible realizar las pruebas de comisionamiento, la puesta en marcha de los sistemas críticos del hospital y, en definitiva, avanzar hacia la finalización de la obra".