Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) terminó de cerrar una puerta que el Congreso nunca abrió. La denuncia constitucional N° 577 contra José María Balcázar ?presentada por la fiscalía por presunto cohecho? ingresó al Parlamento el 16 de abril del 2025 y, tras más de diez meses, no obtuvo informe de calificación. Hoy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista y candidata al Senado por APP Lady Camones, sostiene que no puede continuar con el proceso debido a la sentencia 152/2025 del TC, que suspende investigaciones contra el titular de la presidencia por delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
El expediente permaneció casi un año en los despachos de las dos últimas presidentas de la subcomisión, ambas de Alianza para el Progreso (APP): María Acuña y Lady Camones. Según el registro procesal revisado por esta Unidad de Investigación, la subcomisión tardó casi cinco meses solo en dar cuenta formal de la llegada del documento. El siguiente paso, la calificación de la denuncia, nunca se concretó.
Consultada por este Diario, Camones señaló que ?la condición de Balcázar ha cambiado? y que el caso deberá quedar a la espera del próximo Congreso. Afirmó que su equipo técnico ya venía trabajando en el informe para la calificación, pero que ahora están impedidos de avanzar. ?Mientras Balcázar esté como presidente no se le puede investigar?, sostuvo.
La denuncia constitucional se origina por un presunto intercambio de favores entre Balcázar y la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. La acusación dice que él, en su calidad de congresista, ofreció respaldo a la fiscal a cambio de que ella lo ayudara a archivar un proceso en su contra por apropiación ilícita en Chiclayo. También habría enviado el CV de su exnuera para que la designaran fiscal. Este proceso se le tipificó por el delito de cohecho y la Fiscalía Suprema le abrió una investigación, en mayo del 2024.
?Prácticas dilatorias?
El factor tiempo siempre ha sido determinante para Balcázar. En su proceso fiscal de Lambayeque por apropiación ilícita, solicitó reiteradas reprogramaciones de audiencias. El 13 de marzo del 2024, invocó actividades en la Comisión de Justicia para no asistir a una diligencia. El 17 de mayo, pidió una nueva postergación por una ?lumbalgia con ciática?. Y el 19 de junio, solicitó trasladar el caso fuera de Chiclayo alegando falta de imparcialidad de los jueces.
Documentos judiciales revisados por esta unidad revelaron que incluso la jueza Sara Vera calificó las actuaciones de Balcázar como ?prácticas dilatorias? y advirtió una estrategia de ?mala conducta procesal? orientada a evitar la instalación de la audiencia de control de acusación.
Según el expediente fiscal, el objetivo era claro: que el delito prescriba en enero del 2025. El legislador intentó acogerse a la denominada ley Soto (llamada así por el legislador Alejandro Soto de APP), que limita la suspensión de la prescripción y reduce plazos para mayores de 65 años. La Fiscalía Superior rechazó ese cálculo y precisó que el cómputo debía iniciarse en enero del 2021, cuando concluyó su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. <FFFC>
El Comercio, Perú
1 de marzo de 2026
