La herida abierta de la salud

Hay una herida abierta en el sistema de salud colombiano. No es una metáfora exagerada. Se ve en los pacientes que recorren varias farmacias sin encontrar sus medicamentos, en las citas especializadas que se programan para dentro de seis meses y en los hospitales que acumulan cartera mientras siguen atendiendo. Cuando una herida no se limpia ni se trata a tiempo, se infecta. Y hoy esa infección es financiera, institucional y humana. El desacato a decisiones judiciales que ordenan ajustar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación agrava el problema. La financiación del aseguramiento no puede depender de cálculos políticos sino de evidencia actuarial. Si la prima reconocida no refleja los costos reales de atención, el sistema entra en déficit estructural. Las clínicas reciben menos de lo que necesitan para operar, las farmacias no cobran a tiempo y el paciente termina pagando con demoras y barreras. Las EPS intervenidas por el Estado tampoco ofrecen señales de estabilización. Sus deudas han crecido y los usuarios reportan más dificultades para acceder a servicios y tratamientos. La intervención prometía orden y transparencia. Sin embargo, el deterioro financiero y operativo persiste. La pregunta es inevitable: si el control público no mejora los indicadores de servicio ni sanea las finanzas, ¿qué está corrigiendo realmente? En paralelo, $4,2 billones se han destinado a los llamados Equipos Básicos de Salud. La atención primaria es necesaria y estratégica. Nadie discute su importancia. Lo que sí genera inquietud es la ausencia de una medición pública, verificable y comparable sobre su impacto real. ¿Se redujeron hospitalizaciones evitables? ¿Mejoró el control de enfermedades crónicas? ¿Disminuyeron las tutelas? Sin datos claros, el gasto pierde sustento técnico. A esto se suman denuncias que se hacen en privado por temor a represalias contra los actores del sistema. Prestadores del sector privado aseguran que reciben pagos con cuentagotas, mientras por servicios equivalentes en el marco de las unidades básicas públicas los valores reconocidos serían considerablemente más altos. Si existe una diferencia sustancial en tarifas por el mismo servicio según quién lo preste, el país merece una explicación técnica detallada. De lo contrario, se configura una distorsión que castiga a parte de la red y favorece otra sin criterios transparentes. Colombia destina una proporción significativa de su economía a la salud. El debate no es solo cuánto se gasta, sino cómo y con qué resultados. Cada peso ejecutado sin trazabilidad rigurosa erosiona la confianza ciudadana. Cada programa sin evaluación independiente profundiza la incertidumbre. La salud no puede ser escenario de apuestas administrativas ni de experimentos sin medición. Hay una herida abierta y la respuesta no puede ser taparse la nariz y seguir contratando. El país necesita cirugía institucional: cumplimiento estricto de los fallos judiciales, ajuste técnico de la financiación, publicación detallada de tarifas y comparativos entre sectores, auditorías independientes y prioridad absoluta al abastecimiento de medicamentos y al pago oportuno a hospitales y clínicas. En salud, los relatos no curan. Curar exige rigor, transparencia y decisiones basadas en evidencia. Mientras eso no ocurra, la herida seguirá abierta y el costo lo pagarán los pacientes.