Noticias de Balcedo

El liderazgo es una necesidad natural de los grupos humanos. Un ejemplo es ilustrativo. En una batalla un bando va imponiendo su victoria, con el líder y sus escoltas al frente en el campo de combate. De pronto, dan vuelta para asistir a la retaguardia que está desorganizada. A pleno galope pasan hacia el fondo de la contienda. Cuando sus soldados les ven creen se van en retirada. Y abandonan el campo detrás de ellos. El triunfo pasó a ser derrota.

Estamos sin jefatura tangible. El presidente formal -Orsi- no tiene idea del rumbo. Y, decisiones gravitantes quedan a cargo de su secretaría. Sea del tupamaro Sánchez o del filocomunista Díaz. En este último caso, los antecedentes hablan. La reforma del proceso penal, el caso Feldman, su afortunada clienta del partido colorado agraciada con una embajada en Lisboa. Y, abreviando tras la decisión oficial sobre las lanchas patrulleras compradas al astillero Cardama, está claro que hay un plan de operaciones políticas, contra la oposición y en particular el Partido Nacional. Un plantío de cizaña sembrado rumbo al 2029.

Ahora, acaba de tocar timbre el "caso Balcedo". Se originó en enero de 2018, cuando la justicia uruguaya, a pedido de autoridades argentinas, allanó la mansión de Marcelo Balcedo y Paola Fiege en Piriápolis. Balcedo, ex sindicalista argentino y empresario de medios, y su pareja fueron acusados de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas tras el hallazgo de efectivo, autos de lujo y armas. Inicialmente estuvieron en prisión preventiva; luego obtuvieron prisión domiciliaria y, años después, un acuerdo abreviado con la Fiscalía por estos delitos. La Fiscalía General de la Nación que asumió la responsabilidad de lo actuado estaba a cargo del aludido Dr. Jorge Díaz.

A fines de febrero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha notificado al Estado uruguayo que admite una petición de Balcedo y Fiege y que le concede un plazo máximo de cuatro meses para que responda. Activa un proceso ante el sistema interamericano. No hay un fallo, sino la apertura de un procedimiento pidiendo explicaciones respecto de deberes internacionales que tiene el país. Vinculados a posibles violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante la actuación judicial y policial. Se citan: violación del debido proceso por incautaciones de bienes (incluye US$ 7 millones) sin órdenes judiciales claras, ni respeto de las garantías básicas de defensa; extensión de la medida cautelar como una "prisión preventiva eterna" que habría vulnerado el derecho a un juicio en plazo razonable; la instalación de una narrativa pública que los vinculaba con narcotráfico sin fundamentos probados (Argentina descartó esos vínculos formalmente); y , derechos de la familia y desconsideración sobre el impacto de las actuaciones sobre los hijos menores.

El Estado ahora debe responder sobre cada uno de los puntos cuestionados. Podría finalizarse con una solución amistosa, basada en el diálogo y propuestas de reparación económica. O, avanzar a una etapa de fondo ante la Comisión e incluso, eventualmente, ser sometido el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se llega a un acuerdo.

La defensa de Balcedo y Fiege - trascendió -baraja la posibilidad de una demanda económica contra el Estado uruguayo mayor a US$ 200 millones.