Violencia de género: en siete años hubo más de 100 femicidas y 2.426 imputaciones por abuso sexual

La violencia contra las mujeres es una categoría conceptual y de análisis independiente al resto de las violencias y delitos, y cada vez más visibilizada por autoridades públicas y especialistas que lidian con esta problemática todos los días.

Números, cifras e información variada vinculados a este fenómeno se publican con cierta periodicidad -en especial en fechas como las de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y escenario de una marcha cada vez más convocante, en Uruguay y en todo Occidente- y son varios los organismos que procesan datos sobre delitos sexuales y de género.

Uno de ellos es la Fiscalía General de la Nación, cuyo Departamento de Políticas Públicas sistematiza aquella información vinculada con el trabajo de investigación de sus fiscales, y elaboró ahora, a requerimiento de El País -que formuló un pedido de acceso a la información- un informe con un resumen sobre imputaciones de los principales delitos de género que sufrieron las mujeres en los últimos siete años.
El estudio, que se basa en los datos del registro informático del Ministerio Público, que recaba "información desagregada por persona" desde 2019, incluye la cantidad de femicidios ocurridos desde ese año hasta 2024 -los de 2025 no están procesados-, y las imputaciones anuales por delitos de abuso sexual, atentado violento al pudor y violencia doméstica.

En el período analizado hubo un promedio de 18,5 imputaciones por el homicidio muy especialmente agravado por femicidio. De acuerdo a este registro, el año más problemático -con más audiencias de imputaciones por este delito- fue 2019, con 25 formalizaciones. Le siguen el 2023, con 23, 2021 (19), 2020 y 2024 (15) y 2022 (14). En total, en este lapso hubo 112 femicidas imputados (se agrega uno del año 2025).

La información también permite observar cómo se comporta esta variable según los meses del año. Diciembre, por ejemplo, época de fiestas, es por lejos el mes con más imputaciones por este delito: 16. Pero no es tan diferente marzo, con 12, o los fríos meses de junio y agosto (11 en cada uno).

En otra planilla, la Fiscalía detalló que entre 2019 y el 2 de diciembre de 2025 hubo 2.426 imputaciones por abuso sexual, 640 por atentado violento al pudor y 7.076 por violencia doméstica.

El pico de los abusos se registró en 2024 (409), aunque muy cerca le sigue 2022 (399); el máximo registro de los atentados se dio en 2019 (125), aunque no están lejos 2020 (109) o 2021 (93); con la violencia doméstica, en tanto, el año con más imputaciones fue 2020, con 1.157, y le siguen 2024 (1.120) y 2023 (1.082).

Las víctimas

Detrás de todas estás cifras se encuentra la Unidad de Víctimas y Testigos, una oficina creada en 2017 -año en que comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal, sistema que le dio a la Fiscalía un rol protagónico en las investigaciones penales- y que desde 2024 cuenta con un equipo conformado por unos 40 técnicos, lo que supuso un incremento en la atención social del 30% con respecto a años anteriores, gracias al refuerzo de unos 14 funcionarios; hoy, dijo en diálogo con El País su directora, Manuela Reguera, esta oficina que cuenta con psicólogos y trabajadores sociales atiende por arriba de 4.000 víctimas y testigos todos los años: 4.200 pasaron por la Unidad en 2025, y otro tanto el año anterior.

La mayoría de quienes se atienden con estos equipos (ver documental) son mujeres: el 80%. Y dentro de este total, un 60% lo hacen como víctimas de un delito sexual, mientras que otro 20% son atendidas por haber sufrido violencia doméstica.

Pero la Unidad también se encarga de un problema por demás complejo detrás de estas tragedias, en particular cuando el resultado es el asesinato de una madre: el seguimiento y la contención de los menores que sobreviven al drama. Y han sido, entre 2017 y 2025, 196 los niños y niñas que quedaron huérfanos -de madre o de ambos progenitores cuando el ataque termina también en un suicidio- en un contexto más que especial. ¿Qué se hace en estos casos? Al principio, dijo Reguera, "un acompañamiento en la crisis, en ayudar a ordenar el día después de los hechos". Pero luego se trabaja en la psicoeducación y en un seguimiento continuo con las familias, a las que, entre otras cosas, se les da "pautas sobre cómo dar las malas noticias". Y después, como siguiente paso, se hace la derivación al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), que se encarga de la coordinación de un trabajo que reúne a varios actores, y que es articulado, generalmente, junto con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Ahora bien, ¿el escenario es cada vez más adverso? La pregunta surge porque, a partir de los números de Fiscalía, no se visualiza un empeoramiento lineal de la situación. Pero para Reguera no hay dudas: hay un evidente recrudecimiento -"crueldad creciente", le llamó ella- de la violencia de género que sufren las mujeres (ver recuadro), en todas las manifestaciones de esta violencia.

Además de que, pese a que en Uruguay existe una "legislación muy robusta" en la materia, todavía restan "cambios del orden cultural" y vencer "algunos de los principales obstáculos que pueden existir para el acceso a la justicia, ya sea barreras económicas, confianza en el sistema, o la ausencia de perspectiva de género de algunos actores del sistema de justicia". Incluso, agregó, "respuestas" que no son todo lo rápidas que deberían ser de parte de la Fiscalía o el Poder Judicial.

"O muchas veces esa sensación de impunidad -reflexionó la jerarca Reguera-. Sabemos que aún queda mucho por derribar, pero también es cierto que la Fiscalía, en términos generales, ha hecho un esfuerzo en construir, por ejemplo, materiales escritos, guías y protocolos que orientan el trabajo tanto de los fiscales como de los técnicos de la Unidad de Víctimas, que de alguna manera permiten tener acuerdos comunes sobre cómo trabajar, atender a las víctimas, protegerlas y, sobre todo, garantizarles el pleno acceso y ejercicio del derecho de poder transitar por el proceso judicial".