Inauguración del año judicial

La inauguración del año judicial en la Corte Suprema y la cuenta pública de su presidente se celebran desde hace 200 años, pero sin duda en esta oportunidad la ceremonia tuvo un significado especial. Golpeado por numerosos y bullados escándalos que incluyen hasta la prisión preventiva de quien fuera hasta hace menos de dos años ministra del supremo tribunal, el Poder Judicial está pasando por una de las mayores crisis de confianza de su historia.
En este contexto, destaca positivamente el discurso de la presidenta de la Corte, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien, con un tono sobrio y en general desprovisto de hipérboles y lamentos, puso el foco en una serie de acciones concretas y medibles en cuatro dimensiones: probidad, confianza, prontitud de la respuesta judicial y robustecimiento de vínculos internos y externos.
En esta línea, la ministra Chevesich se refirió al uso responsable de la inteligencia artificial para "reducir tiempos de tramitación, mejorar la calidad de los registros judiciales y fortalecer la sistematización del conocimiento jurisprudencial"; a la implementación del plan estratégico 2026-2030; a la necesidad de que el legislador entienda que cada reforma debe ir acompañada del correspondiente fortalecimiento institucional, y también, aunque de un modo tal vez demasiado genérico, a las reformas legales pendientes, desde la reforma al proceso civil hasta el sistema de nombramientos judiciales.
Aludió también a la remisión al Ejecutivo de 171 dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes, entre las cuales está nada menos que el marco legal para la implementación de los fallos de la Corte Interamericana de Justicia, que, como se sabe, ha producido un peligroso socavamiento del carácter definitivo de las sentencias nacionales.
Pero ciertamente el núcleo de la alocución estuvo en los minutos dedicados a la probidad y la confianza en la judicatura. Desde un comienzo, la presidenta apeló a la responsabilidad de los abogados litigantes, pues el problema "no puede comprenderse completamente, ni menos superarse, si la abogacía no hace su propia introspección y revisa los estándares éticos con que ha asumido históricamente su función".
En el mismo sentido, aludió a la importancia de "que sea posible, de manera eficaz, el control de estos profesionales en su desempeño". Esto es sin duda correcto. Sin embargo, el mejor de los controles -si es que no el único en un Estado libre- son los mismos jueces, cuando aplican tolerancia cero respecto de las irregularidades, falsedades y maniobras procesales que tienen lugar delante de sus ojos o en sus propios tribunales. Es muy poco lo que podrían lograr los abogados inescrupulosos si los jueces estuvieran atentos y actuaran con firmeza.
Otro tanto vale para la confianza en la justicia. Entre otras cosas, la presidenta lamentó que los conflictos sociales y políticos se judicialicen sin haberse agotado previamente "instancias deliberativas, administrativas o regulatorias previas", lo cual "tensiona indebidamente el sistema judicial". Esto también es correcto, pero hay que recordar que no pocas veces han sido los mismos jueces, y en particular la Corte Suprema, quienes han asumido una posición activista, dejando sin aplicación la ley para satisfacer una determinada concepción de justicia y fomentando con ello una judicialización disfuncional.
En cualquier caso, el discurso de inauguración del año judicial ofrece una excelente y positiva síntesis del estado de las cosas. Por lo mismo, manifiesta de un modo inmejorable que la preservación de la independencia judicial es una tarea enorme, que depende de delicados equilibrios y de la cual ningún ciudadano debería restarse.