La oposición reclama ampliar las audiencias públicas por la reforma de la ley de Glaciares

Convocatoria de ambientalistas y otras organizaciones contra la reforma en la ley de glaciares

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La Cámara de Diputados se apresta a instalar un récord: en apenas una semana, 18.000 personas y asociaciones civiles se anotaron para participar de las audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la ley de Glaciares , iniciativa que desata un interés tal que incluso supera al que en su momento despertó la ley de despenalización del aborto , que convocó en total a 800 expositores.

Ante esta avalancha de pedidos de participación, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) solicitaron hoy, mediante nota remitida a las autoridades de la Cámara baja, que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencia públicas. En principio, éstas fueron programadas para el 25 y 26 de este mes : la primera jornada de manera presencial y la segunda, de carácter federal, con la modalidad virtual. Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica en Diputados

El oficialismo sospecha que semejante cantidad de solicitudes de participación tiene como objetivo demorar la aprobación de la reforma , la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien la semana pasada accedió, a pedido de la oposición, a convocar a audiencias públicas para cumplir con las normas y tratados internacionales vigentes -y, así, evitar una posterior judicialización de la norma-, lo cierto es que no parece dispuesto, a priori, a modificar el cronograma previsto . Su intención es llevar la iniciativa al recinto después de Semana Santa .

La oposición pide más tiempo de debate en las comisiones.

"Entendemos que las condiciones actualmente previstas para la audiencia pública no satisfacen el ejercicio efectivo del derecho a la participación pública reconocido por el Acuerdo de Escazú -advirtió el diputado Ferraro-. En consecuencia, solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo".

El legislador señaló que limitar el acceso a la palabra de un número reducido de expositores "no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática" y advirtió que "un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización ".

En el oficialismo no disimulan su inquietud ante esta situación. No descartan convocar la semana próxima a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales para encauzar el debate sin alterar el cronograma ya previsto.

"Queremos garantizar a todos la participación en este debate, pero con 18.000 personas y asociaciones ya anotadas no hay foro ni capacidad posible para llevar adelante una audiencia pública ", indicó un legislador libertario, quien no descartó que se trate de una maniobra para "sabotear" el tratamiento de la reforma.

La reforma de ley vigente es impulsada por el Poder Ejecutivo y cuenta con el apoyo de los gobernadores de las provincias cordilleranas. Son ellos los que apuran la sanción de la ley ya que ésta les conferiría potestades como autoridad de aplicación para delimitar qué territorios glaciares y periglaciares cumplen funciones de reserva de agua estratégica. En aquellos territorios donde la autoridad de aplicación compruebe que no cumplen esta función, la provincia podrá habilitar la realización de proyectos productivos, entre ellos, mineros.

En la vereda contraria, los sectores ambientalistas cuestionan la iniciativa por su impacto ambiental, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas .