La Nación, Costa Rica
12 de marzo de 2026
Diputado pidió declarar incompetencia de la comisión investigadora de cinco diputados, al alegar que Marulin Azofeifa llevó el caso a la vía penal
Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), le pidió a la Asamblea Legislativa anular el proceso administrativo que se realiza contra él, por el presunto abuso sexual contra la exdiputada y asesora parlamentaria Marulin Azofeifa Trejos, desde el 4 de febrero.
La nota de una página donde hace dicha petición fue presentada por Alvarado en el Congreso este martes 10 de marzo, el mismo día que se fue de viaje a República Dominicana, para participar en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.
En su alegato, el legislador evangélico adujo que Marulin Azofeifa decidió actuar contra él en la vía judicial, por lo que Alvarado considera que se debe declarar la incompetencia de la comisión legislativa investigadora, conformada por cinco congresistas el 15 de febrero.
"La denunciante anunció que eligió actuar en la vía judicial sobre la presente vía administrativa, presentando una denuncia ante la Fiscalía General, la cual aún no conozco y de la cual no se me ha dado traslado. De esta manera, me encuentro en un grave estado de indefensión", adujo el excandidato presidencial.
Aunque el diputado de Nueva República alegó que Marulin Azofeifa está eligiendo la vía penal por encima de la vía administrativa, en realidad la asesora y excongresista no ha desistido de llevar adelante la queja a lo interno del Congreso, a pesar de haber decidido igualmente presentar la denuncia penal, este lunes.
En su carta, Alvarado aseguró que sus abogados le instruyeron acatar la "incompetencia que sobrevino sobre el presente procedimiento, dado que ambos procesos (judicial y administrativo) son incompatibles simultáneamente, en lo que respecta a mi ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso".
El diputado también arguyó que sus abogados le instruyeron a cumplir el debido proceso y no referirse al caso en estudio fuera de los tribunales de justicia.
"Es claro en todo caso la caducidad o prescripción de los supuestos hechos narrados, que además no son ciertos. En la vía procesal correspondiente, que es la judicial, me referiré a los hechos y haré el ofrecimiento de prueba", dijo el jefe del PNR.
Fabricio Alvarado alegó también que Marulin Azofeifa ha cambiado de versión y dijo que califica la conducta acusada como atípica de acoso, "además de falsa".
Además de pedir que se declare la incompetencia de la comisión, el diputado evangélico pidió que la comisión investigadora presidida por el socialcristiano Alejandro Pacheco, se abstenga de conocer y proseguir con el procedimiento.
Consultada la defensa de Marulin Azofeifa sobre la petición de Alvarado, los abogados Carolina Hidalgo y David Delgado rechazaron esa pretensión y puntualizaron que la comisión sí tiene competencias para conocer la denuncia, por tratarse de un proceso de naturaleza administrativa y disciplinaria, regulado por el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputadas y diputados.
"Dicho procedimiento tiene como finalidad determinar si existió una falta administrativa y, en su caso, aplicar las sanciones previstas por ese reglamento, como la amonestación ética pública", señalaron los abogados.
También manifestaron que la existencia de una causa penal no elimina ni suspende la competencia administrativa y la apertura de un expediente en la Fiscalía no impide que la Asamblea ejerza su potestad disciplinaria, pues se trata de procedimientos distintos, con reglas, objetivos y consecuencias diferentes.
Hidalgo y Delgado agregaron que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que es válido tramitar, de forma separada, un proceso penal y uno disciplinario por los mismos hechos, precisamente porque cada uno resuelve responsabilidades distintas en sedes diferentes, y eso no violenta el principio constitucional de no juzgar a alguien dos veces por el mismo hecho.
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