Si, pero en serio

La propuesta de Alejandro Sánchez de abrir el capital accionario de las empresas públicas a los ahorristas es una gran noticia. No porque vaya a suceder en el corto plazo, honestamente no lo creo, pero sí porque nos permite discutir algo sustantivo y en la dirección correcta.

Es un buen planteo por al menos dos razones. Primero Uruguay tiene un problema de bajo ahorro doméstico y mercados de capitales poco desarrollados. Segundo, nuestras empresas públicas operan en marcos poco competitivos y lejos de los estándares internacionales de transparencia, control y rendición de cuentas. Abrir el capital accionario al ahorro privado ayuda en los dos sentidos.

Pero ni bien uno empieza a pensar seriamente en la propuesta, es difícil no volverse escéptico. Lo que propone Sánchez no es un cambio menor ni cosmético. Si se quisiera avanzar de verdad, implicaría una transformación muy profunda en la forma en que esas empresas funcionan hoy.

Una empresa que pretende cotizar en un mercado de capitales no puede operar bajo las lógicas tradicionales del derecho público. Tendría que cambiar su régimen jurídico, reformar su gobierno corporativo, profesionalizar sus directorios y someterse a una disciplina permanente de rendición de cuentas frente a inversores. Implicaría una transformación enorme.

Además de los escollos legales y de gestión hay un escollo político. Pinte como se lo pinte, lo que se propone es privatizar una parte de las empresas públicas. Con todos los condimentos que se quieran agregar -que las acciones sean para pequeños ahorristas nacionales, que el Estado mantenga el control, que se establezcan límites- la realidad es que una parte de la "empresa pública" pasaría a ser de propiedad privada.

La pregunta entonces es inevitable: ¿está la base política y social del Frente Amplio dispuesta a soportar algo así? ¿El PIT-CNT, el Partido Comunista y los sectores más estatistas del oficialismo aceptarían una reforma de esta naturaleza?

Para ser generosos cuesta mucho imaginar a este gobierno atravesando todos los costos políticos, legales y administrativos que implicaría avanzar realmente en esta dirección.

Más probable es que esto quede en algo muy acotado, algo que desprendía en algunas palabras de Sánchez. El proyecto al que él se refirió de UTE en Valentines no fue ni remotamente abrir el paquete accionario, sino simplemente un proyecto para el que UTE creó una S.A. para desarrollar un parque eólico en el que también podían invertir privados.

Puede parecer un matiz pero es un abismo entre las dos posibilidades. En lugar de comprar acciones de UTE, los ciudadanos tan solo serían socios de la empresa en un proyecto concreto de generación eléctrica.

En ese esquema las empresas públicas seguirán siendo esencialmente las mismas: estructuras pesadas, con directorios políticos y escasa presión competitiva. Seguirán, en gran medida, al margen de la disciplina que impone el mercado cuando una empresa debe rendir cuentas todos los días frente a accionistas e inversores.

Ojalá me equivoque. Sería una buena noticia que Uruguay se animara a discutir en serio la modernización de sus empresas públicas y el desarrollo de su mercado de capitales.