Uruguay investigado por Estados Unidos junto a otros 59 países, qué está pasando y los nuevos impactos

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) informó que inicia una investigación contra 60 países, entre ellos Uruguay, por considerar que "no están tomando suficientes medidas para evitar el comercio de productos hechos con trabajo forzado en sus cadenas de suministro". Aunque no lo menciona, según analistas consultados por El País, se refiere a China, Vietnam y algunos más del este asiático, que el país norteamericano mantiene en una "lista negra" en cuanto a condiciones laborales.

Según Jamieson Greer, a cargo de la citada oficina, los 60 países investigados no han adoptado eficazmente una prohibición de importación de bienes producidos en condiciones precarias hasta la fecha, por lo que Estados Unidos actúa con esta investigación "de conformidad con la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su versión modificada (Ley de Comercio), la cual autoriza acciones para responder a actos, políticas o prácticas injustificables, irrazonables o discriminatorias que perjudiquen o restrinjan el comercio de los Estados Unidos", según su texto.
Llama la atención que en la lista aparecen países o regiones que son aliados de la Administración Trump, como Argentina, El Salvador, Israel y la propia Unión Europea (UE), entre otros, además de la preocupación, ya mencionada, de que Uruguay también está incluido.

El País se contactó ayer con la Cancillería uruguaya, desde donde informaron que el ministro Mario Lubetkin no podía dar declaraciones ya que se encuentra en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el área de Comunicaciones informó a El País que "el MEF está trabajando en el tema, documentando las acciones que se han adoptado para atender esta problemática", sin detallar cuáles son.

Por su parte, Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores (UEU) entidad con muchos miembros que además de exportar, importan declaró a El País que "Tomamos conocimiento hoy (por ayer) sobre esta investigación. Entendemos que se abre ahora un espacio de consultas e intercambios bilaterales. Estamos dando seguimiento al tema".

Según Nicolás Albertoni, doctor en ciencias políticas y ex vicecanciller (durante el gobierno de Luis Lacalle Pou), en diálogo con El País afirmó que la medida no es una "sanción a ese listado de países, sino que es el inicio de un proceso de investigación dentro de una herramienta clásica de la política comercial utilizada por el actual gobierno en Estados Unidos".

"Lo que sí, es una señal de que el comercio internacional está entrando en una etapa donde las cadenas de suministro, los estándares laborales y las consideraciones geopolíticas empiezan a tener cada vez más peso. Ya no es más un debate cuantitativo (aranceles), sino cualitativo (de presionar por "valores" comunes), y esto cambia completamente la ecuación porque bajo esta nueva lógica cada movimiento de política exterior puede contar para el gobierno de Estados Unidos", advirtió.

Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), marcó cierta diferencia al enmarcar totalmente la iniciativa de investigación dentro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A su entender, esta nueva acción del presidente estadounidense, Donald Trump, muestra que busca un nuevo instrumento legal para sostener la guerra comercial después de que la Corte Suprema de ese país anulara la mayor parte de los aranceles impuestos por su administración, el pasado 20 de febrero.

"Trump tiene más limitaciones en tiempo y debe aplicar los aranceles que impuso en el marco de una justificación que sea aceptable por la Corte Suprema. Esta investigación es una respuesta al revés legal que tuvo. Hay que ver qué pasa y qué arancel termina de aplicar", afirmó a El País.

Es decir, ante la resolución de la Corte Suprema en su contra, el presidente estadounidense igual avanza con los aranceles, pero en el marco de otros "mecanismos legales" hasta ahora no han sido observados por la misma. No obstante, para Bartesaghi, esta iniciativa igual viola tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Trump está buscando una justificación jurídica interna para contrarrestar el fallo de la Corte Suprema que ya dijo que el argumento de 'la emergencia nacional' para aplicar aranceles no es válido", insistió.

"Amigos incluidos" y Uruguay

Para Bartesaghi, la inclusión de países amigos a la administración Trump en la lista de investigados, tiene que ver con maniobras de negociación para mejorar condiciones a su favor. Por ejemplo, la Unión Europea decidió poner en suspenso el acuerdo ya establecido con Estados Unidos cuando la Corte Suprema falló en contra del presidente estadounidense, y algunos acuerdos con Argentina también están un poco lentos. "De esta manera, Trump también ejerce presión sobre sus aliados con esos y otros temas", ejemplificó el internacionalista.

Para Albertoni, el hecho de que aparezcan en la lista países que son aliados de Estados Unidos, responde a un cambio en la lógica sobre cómo la administración Trump proyecta 'organizar' las cadenas de suministro mundiales.

"En los últimos años se hablaba mucho de friend-shoring, es decir, la idea de mover la producción hacia países amigos o aliados económicos. Ese modelo ya introducía un elemento de discriminación en el comercio global. Y ahora empieza a emerger algo más exigente, que podríamos llamar values-shoring: no alcanza con ser un socio o aliado, también se espera demostrar alineamientos en marcos regulatorios con Estados Unidos", apuntó.

Según su visión, esta nueva situación introduce una ecuación mucho más subjetiva. "Antes la lógica era relativamente intuitiva: si había aranceles o prácticas consideradas injustas, se respondía con medidas comerciales recíprocas. Lo que empieza a aparecer ahora es algo más amplio: además de ser mi socio, quiero ver señales claras de alineamiento en determinadas normas y valores. Y eso abre un debate mucho más amplio, porque prácticamente cualquier decisión de política exterior o regulatoria podría pasar a ser objeto de escrutinio", agregó Albertoni.

En realidad, las posiciones de los analistas consultados pueden ser vistas como complementarias, con énfasis más en lo político que técnico sobre este tema la posición de Bartesaghi. En lo que concuerdan es en la posición que, a entender de ellos, debería tomar Uruguay y esto es, abrir nuevos espacios de negociación con Estados Unidos.

"Lo que tiene que hacer Uruguay es que el arancel que le impone Trump siga en el 10%, o lo más próximo a eso, porque la intención de Estados Unidos es subirlo al 15%, o más", advirtió Bartesaghi.