Otro nudo geopolítico: Industrias, en alerta por "megazona" de exclusión que favorece a observatorios europeos

"Activos" no tradicionales como los datos personales o la observación astronómica toman cada vez mayor relevancia entre las prioridades estratégicas de las grandes potencias económicas. Tanto así que en Chile se ha vuelto cada vez más frecuente la intervención de representantes extranjeros en el devenir de los observatorios instalados en el país, con intereses que han llegado hasta abrir una discusión en el Congreso.
El lobby astronómico impulsó una discusión legislativa, que surgió a partir del proyecto INNA, de AES Andes. Es una iniciativa para producir hidrógeno y amoníaco verde en la Región de Antofagasta, a poca distancia de donde están emplazadas las operaciones del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés). Esta última entidad reclamó que el proyecto iba a generar un grado de contaminación lumínica y levantamiento de polvo relevantes, que terminarían por deteriorar el uso de los telescopios.
Si bien la compañía optó por desistir de ese proyecto, un grupo de diputados de oposición, liderados por Félix González, del Partido Ecologista Verde, insistió con instaurar un régimen legal ad hoc , que favorece a los observatorios de ESO. Se trata de una "zona de exclusión" que se asemeja al tamaño de la Región Metropolitana (RM), pues prohíbe "la instalación de industrias o actividades que afecten la calidad astronómica de los cielos nocturnos", a una distancia mínima de 70 kilómetros desde los centros de observación ubicados en cerro Paranal y cerro Armazones, ambos en la comuna de Taltal, en el desierto de Atacama (ver infografía).
El proyecto fue aprobado en general por la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a mediados de diciembre, y comenzó su discusión en particular durante enero. Aunque este comité intentó retomar la discusión en las pocas semanas que precedieron al recambio de autoridades, durante marzo, no prosperó. Sin embargo, la iniciativa continúa su curso.
Además de González, los diputados firmantes son del PPD, el PS y el Partido Liberal.
Consecuencias estratégicas
Desde el punto de vista de los especialistas, el avance de un proyecto con estas características tiene consecuencias más allá de lo económico, pues se trata de una actividad que debería considerarse estratégica. "Ningún país del mundo ha concedido jamás a un observatorio extranjero un área tan enorme en su extensión geográfica y alcance económico", advierte Paz Zárate, abogada internacionalista.
En general, la experta cree que el avance de la discusión revela que Chile no cuenta con un marco claro que lo prepare para lidiar con proyectos de importancia estratégica. Una de las consecuencias que más rápido se podrían producir, dice, es que otros observatorios gestionados desde el extranjero puedan solicitar áreas de protección similares en extensión.
A su juicio, en un proyecto como este debería opinar la Armada, debido a que la solicitud tiene una proyección marítima. En su opinión, además, "tiene consecuencias geopolíticas obvias", y no se puede considerar la astronomía como una actividad con fines exclusivamente científicos o filantrópicos.
Antes de INNA, un ejemplo claro fue el proyecto TOM, un observatorio que también se pretendía desarrollar en el cerro Ventarrones, mediante una alianza entre la Universidad Católica del Norte y la Academia China de Ciencias, firmada en enero de 2023. Si bien el Ejecutivo aludió a razones de corte administrativo para dar de baja el desarrollo de esta iniciativa, lo hizo después de la preocupación planteada desde la Embajada de Estados Unidos por la posibilidad de abrir espacios de espionaje.
Impacto económico
Por la extensión de las zonas de exclusión, el impacto económico de avanzar en una norma de este tipo podría ser de gran magnitud. Sin embargo, lo que más preocupa a los gremios empresariales también es la poca claridad de los términos en que se plantea la protección de los cielos nocturnos.
La participación de los sectores productivos en el debate del proyecto ha sido acotada. De hecho, consultados por "El Mercurio", en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) prefirieron no referirse a los posibles impactos de este. Sin embargo, el vicepresidente de la entidad, Luis Rodríguez, sí emitió una opinión ante la comisión de Medio Ambiente durante enero. Ahí advirtió que las zonas de exclusión se definen en forma imprecisa y sin una adecuada ponderación de sus impactos, pues "genera afectaciones relevantes a derechos adquiridos, especialmente en materia de concesiones mineras, debilitando la certeza jurídica y exponiendo al texto a eventuales cuestionamientos de constitucionalidad".
En esta misma instancia opinó Marcos Kulka, presidente de H2 Chile, gremio que agrupa a parte de la industria del hidrógeno verde a nivel nacional. Advirtió sobre las incongruencias que podría generar esta normativa con los criterios ya establecidos en el proceso de evaluación ambiental, e indicó que "proteger el cielo nocturno es un objetivo legítimo, estratégico del país, estamos de acuerdo con ello. Pero para eso debiéramos obviamente hacer un análisis de lo que existe hoy día en la reglamentación (...). Chile ya cuenta con un andamiaje normativo robusto para asegurar, creemos nosotros, la observación astronómica. Hay áreas de exclusión por decretos, hay normas de emisión de luminosidad artificial, hay declaración de áreas con valor científico".
Pese a la controversia, el propio Presidente José Antonio Kast se manifestó a favor del bloqueo de ciertas iniciativas emplazadas en las cercanías de los centros astronómicos. "Estos cielos son únicos, únicos a nivel mundial. Me van a decir que porque quieren instalar una planta de hidrógeno verde, que la podrían instalar en el sur (...). La cantidad de recursos que van a llegar a Chile, si es que nosotros respetamos nuestros cielos, pueden ser muchos más que una planta de hidrógeno verde que está ahí en proceso", dijo durante el debate presidencial de Anatel, en diciembre, cuando era candidato.