Los ‘nuevos’ impuestos abren debate legal y elevan el riesgo

La decisión del Gobierno de introducir nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica por las fuertes lluvias no solo abrió un debate fiscal, sino también un intenso cuestionamiento jurídico y económico frente a la firmeza jurídica que tendría esta movida ante un eventual llamado de la Justicia y el momento jurídico en el que se pretende implementar desde el Ejecutivo. Analistas consultados por Portafolio advierten que las medidas podrían enfrentar demandas ante la Corte Constitucional, mientras que al mismo tiempo generan interrogantes sobre su impacto en la inversión, la liquidez de las empresas y el recaudo esperado por el Estado. Uno de los puntos que más inquieta a expertos es que varias de las medidas tributarias incluidas en el paquete fiscal no son completamente nuevas, sino que reviven instrumentos que ya habían sido propuestos durante la emergencia económica anterior y que hoy se encuentran suspendidos. Esto ha generado dudas sobre la seguridad jurídica del sistema tributario y sobre la forma en que estas decisiones podrían ser evaluadas por los tribunales. Para el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, el problema radica en que el Gobierno reintrodujo impuestos sin definición judicial de fondo. En sus palabras, el decreto "revive unos impuestos que estuvieron en la emergencia económica pasada, que no fueron tumbados, sino suspendidos", lo que en su opinión genera una zona gris dentro del orden jurídico. Según Junco, entre las medidas que reaparecen en el nuevo paquete tributario se encuentran el impuesto nacional al consumo sobre juegos de suerte y azar por internet, la normalización tributaria y la amnistía para contribuyentes con deudas fiscales, que, a su juicio, abren el riesgo de duplicidad de tributos. "Si la Corte Constitucional decide levantar la suspensión provisional, quedarían dos nuevos impuestos nacionales al consumo de juegos de suerte y azar por internet, dos amnistías de la Dian y dos impuestos de normalización, cuando el hecho generador y la base gravable es el mismo", explicó el exdirector de la autoridad tributaria. Para Junco, esta situación refleja un manejo apresurado del sistema fiscal en medio de la emergencia; ya que a pesar de reconocer la gravedad de la crisis climática, sostiene que el Gobierno debió actuar con mayor cuidado jurídico y afirmó que "yo sí estoy de acuerdo en que hay una emergencia económica, hay una calamidad, pero no se pueden crear impuestos mal". El exfuncionario cuestiona la ampliación del impuesto al patrimonio incluida en el decreto y según su análisis, el Ejecutivo incurrió en errores técnicos al clasificar el gravamen como un impuesto instantáneo, cuando en realidad su naturaleza corresponde a un impuesto de periodo, lo que podría generar problemas de constitucionalidad. "El impuesto al patrimonio es una trampa, porque lo denominan como instantáneo cuando es un impuesto de periodo", señaló. Dijo que este aspecto se convertiría en uno de los puntos centrales del debate jurídico que eventualmente llegará a la Corte Constitucional. El efecto económico Para Olga Tapias, socia de impuestos de la firma Russell Bedford en Bogotá, el impacto se concentra en la ampliación del impuesto al patrimonio empresarial. En este sentido, la experta explica que el decreto amplía la base de contribuyentes e incluye dentro del tributo a establecimientos permanentes y sucursales extranjeras con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT). Esto significa que un mayor número de compañías quedará sujeto a este gravamen durante la vigencia fiscal. Es por esto que sugiere que la medida llega en un momento complejo para el sector empresarial, marcado por presiones sobre los costos laborales, incertidumbre electoral y expectativas de crecimiento económico y deja claro que "es grave. Es un impuesto que no se tenía previsto" al referirse a su impacto sobre las finanzas corporativas. La especialista advierte que este nuevo escenario fiscal podría influir en las decisiones estratégicas de las compañías. En particular, considera que el tributo podría afectar los márgenes de rentabilidad y generar cambios en los planes de inversión o incluso en la ubicación de nuevos proyectos empresariales. "Las empresas vienen en un año con impactos importantes como la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, lo que hace que los márgenes de rentabilidad cada vez están más comprometidos", explicó Tapias, al señalar que el entorno electoral también contribuye a elevar la incertidumbre económica. A pesar de estas preocupaciones, la experta considera que algunas de las medidas podrían tener efectos positivos sobre el recaudo del Estado. En particular, menciona el caso de la normalización tributaria y la reducción de sanciones para contribuyentes con obligaciones pendientes ante la Dian.