Pluralismo en riesgo

La controversia del pasado fin de semana en redes sociales, alrededor de dos empresarios criticados por personas afines al oficialismo, por su presencia en un evento político, no debería leerse como una simple disputa. Ese tipo de reacción volvió a mostrarnos hasta qué punto la polarización, además de empobrecer el debate público, debilita una condición esencial de la democracia, que es que las personas tengan la posibilidad de disentir sin ser estigmatizadas o señaladas. Castigar al empresario que piensa diferente es un error en el que estamos cayendo como sociedad. No solo porque el empresariado colombiano es amplio, diverso y heterogéneo, sino porque convertirlo en una sola corriente ideológica distorsiona la realidad de un sector compuesto por trayectorias, tamaños y visiones muy distintas. Las cifras ayudan a dimensionarlo. Según Confecámaras, Colombia cerró el año 2025 con 1,8 millones de empresas activas, de las cuales alrededor del 92% corresponden a microempresas y, en promedio, el 68,2% está constituido por personas naturales. En un país con cerca de 23 millones de ocupados, y cerca de 600.000 clasificados como patrones o empleadores según la GEIH, este ataque, que puede extenderse a cualquier otro empresario que exprese su preferencia política, también desconoce la realidad de miles de empresas y empresarios que sostienen empleo, actividad e ingreso en todo el territorio. Pero aquí no está en juego solo una discusión económica. Están en juego nuestra institucionalidad y la confianza sobre la que se sostienen la inversión y la actividad económica. Una democracia necesita una sociedad civil independiente y un sector privado fuerte y autónomo. Como han planteado Sinanoglu, Way y Levitsky, la diversidad empresarial cumple una función en la democracia porque ayuda a evitar que la esfera pública quede subordinada a una sola corriente de poder y, de esa forma, preserva el pluralismo, un equilibrio indispensable para la vida democrática. Cuando el sector privado puede expresarse sin temor al castigo político, la democracia gana contrapesos. Por eso conviene medir bien el alcance de lo ocurrido el fin de semana y no normalizarlo como una anécdota menor. Kurt Weyland, un académico que ha estudiado de cerca las democracias latinoamericanas, ha insistido en que el populismo se vuelve especialmente riesgoso cuando quienes piensan distinto empiezan a ser tratados como enemigos morales por sus ideas. Esa lógica abre espacio al deterioro democrático. Los índices especializados de medición de la democracia advierten que la autocratización suele ir acompañada de presiones sobre la sociedad civil y de una reducción del pluralismo. La encuesta de Invamer, divulgada en febrero, mostró que los empresarios tienen una imagen favorable del 61,7%. Ese dato sugiere que una parte importante de la sociedad todavía distingue entre debatir ideas y perseguir personas por sus ideas. Y esa distinción es valiosa para un país que necesita más inversión, más crecimiento y más estabilidad institucional, no más polarización y castigo simbólico. No deberíamos normalizar la estigmatización ideológica del empresariado. Defender el derecho de los empresarios a participar en política no es defender privilegios; es defender una regla básica de la democracia. La democracia exige que las diferencias puedan tramitarse sin estigmatización, sin represalias y sin convertir al contradictor en objetivo de sanción social o económica. Porque cuando el disenso empieza a costar clientes, la democracia empieza a perder su capacidad de tramitar diferencias en libertad.