El dilema en Montevideo

Es muy probable que los partidos opositores al Frente Amplio (FA) en Montevideo, que concurrieron a elecciones bajo el lema Coalición Republicana (CR) y cuya representación en la Junta Departamental está esencialmente formada por blancos y colorados, se enfrenten a un dilema de consecuencias políticas importantes en las próximas semanas.

En efecto, el intendente Bergara ha planteado al Legislativo de Montevideo su voluntad de buscar allí un apoyo mayor al de su partido y sus 17 ediles (en 31 en total) para lograr implementar distintos programas que enfrenten algunos de los problemas serios y de largo plazo que sufre la capital. Con tal objetivo se precisan instrumentos de larga financiación. Por tanto, el oficialismo de izquierda necesita de al menos 4 votos en la Junta Departamental, de manera de alcanzar la mayoría especial que marca nuestro ordenamiento legal para tales circunstancias.

Las cifras de inversiones de todos los programas que se manejan son de unos 300 millones de dólares. Los temas van desde un cambio en la política de residuos, de forma de que finalmente Montevideo esté limpia, hasta un programa de pavimentación de algunas arterias claves, pasando por la mejora en un total del 25% de las veredas todas rotas que caracterizan a la capital, o por la idea de reposicionar a la ciudad vieja como el casco antiguo y llamativamente hermoso que podría ser, imitando así lo que ocurre en otras ciudades, y dejar en la historia al barrio abandonado y decrépito que es hoy en día y que asusta a cualquier turista que decide conocer esa parte de la ciudad.

Frente a esta posibilidad de inversión que es tan necesaria para Montevideo se abren naturalmente dos posiciones distintas.

En primer lugar, la más evidente de todas: desde 1990 que el gobierno de la ciudad es del FA, y la situación en la que está la capital es su responsabilidad. No es que la intendencia recaude poco, más bien todo lo contrario. Y nadie puede decir que haya habido, o que haya hoy, un manejo austero de los recursos recaudados: si así hubiese sido por más de tres décadas, seguramente Montevideo no estaría tan mal comparativamente con otras capitales de la región, y el trámite excepcional que está demandando Bergara no sería necesario. Además, si se le vota estos ingresos extraordinarios, nadie garantiza que la izquierda no haga lo que hace desde hace décadas en la capital: generar burocracia y gastos clientelistas que impidan ser eficientes en las inversiones que realmente se precisan.

En segundo lugar, está la otra posición que prioriza justamente la urgente necesidad de estas inversiones. Es que cualquiera que conozca un poco el mundo, aunque más no sea que viaje en la región y haya estado en Santiago de Chile o en la ciudad de Buenos Aires, sabe perfectamente del enorme deterioro de Montevideo. Es una ciudad oscura, rota, mal aspectada, vencida por el tiempo y por lugares en ruinas, y sobre todo hace lustros que es incapaz de liderar un cambio positivo que le devuelva cierto orgullo urbano: el parque recientemente inaugurado en el espacio Mauá de la rambla, por ejemplo, es la viva ilustración del horror en el que se ha transformado nuestra capital y en la falta de inteligencia y perspectiva colectiva que demuestra tener su gobierno.

Frente a este dilema lo peor es que la CR termine dividida entre quienes exijan una mejor gestión al FA y no estén dispuestos a votar una inversión millonaria para que termine en parte en manos clientelistas izquierdistas, y quienes crean que lo urgente es enfrentar ya los mayores problemas de la capital, así sea al costo de una administración deficiente pero que, al menos, dé señales de apertura hacia la oposición y voluntad de hacer. Una división de este tipo sólo terminaría sirviendo los intereses del FA, ya que se aseguraría los votos para tener mayores recursos a la vez que sembraría una discordia profunda entre quienes están llamados a construir un proyecto alternativo al de la izquierda en la capital.

Todo esto que está ocurriendo en la mayor circunscripción electoral del país no puede quedar simplemente en manos del criterio de dirigentes locales. Hay un tema estratégico que debe ser debatido dentro de los partidos y de la CR en sí. Seguramente el camino del medio sea transitable, con una oposición que cuente con mecanismos de contralor y responsabilidades para asumir si se aprueba el préstamo especial, a la vez que pueda exigir mejoras de gestión en el manejo actual de los recursos de la intendencia. La CR debe resolver bien este dilema.