La economía y las cuentas públicas en 2026: ¿Año bisagra para el gobierno?

Mañana se conocerán los datos de cuentas nacionales correspondientes al cierre de 2025. Según lo adelantado por el Indicador Mensual de Actividad Económica, el PIB habría crecido un 1,8% en 2025, por debajo de lo previsto por el gobierno en la Ley de Presupuesto (2,6%) remitida en agosto y de las expectativas de los analistas en ese entonces (2,5%).

La economía tuvo dos semestres diferentes: el primero con un crecimiento desestacionalizado de 1% y el segundo con una caída de 0,9%. En este último, la actividad estuvo incidida negativamente por el cierre de la refinería tras la rotura de la boya petrolera, por la parada técnica de algunas plantas de celulosa y por el impacto de la sequía, cuyo efecto en las cuentas nacionales suele materializarse en los cuartos trimestres (siembra de la zafra de verano) y en los segundos (cosecha de la zafra de verano). Sin embargo, incluso controlando por estos efectos, el desempeño de la economía habría sido modesto. Hace un año que la tasa de inversión se ubica en 16% y la recaudación real de la DGI está estancada (en términos desestacionalizados) desde inicios de 2025.

El inicio del año 2026 estuvo marcado inicialmente por la debilidad del dólar a nivel global, que "infló" los costos de producción en dólares (salarios) y tensionó la ecuación económica de los sectores exportadores. El repunte del dólar por el conflicto en Medio Oriente moderó esta tendencia, aunque ello ocurrió a costa de un deterioro en los términos de intercambio (el precio del petróleo aumentó notoriamente más que el de los productos que exporta Uruguay), un impacto negativo en la demanda externa por el menor crecimiento global previsto y un elevado nivel de incertidumbre que no favorecería los flujos de inversión en el corto plazo. En este marco, el PIB crecería en torno a 1% en 2026.

De configurarse este escenario, y considerando que la inflación en 2025-2026 también sería inferior a la proyectada en la Ley de Presupuesto, el PIB nominal cerraría este año un 4% por debajo de lo previsto. Ello tensionaría las metas fiscales ya que, en ausencia de una reducción del gasto nominal, su peso en relación al PIB se incrementaría, tal como ocurrió en 2024. En un contexto de similares características, el PIB nominal se ubicó un 6% por debajo de lo proyectado en la rendición de cuentas (junio 2023) y el déficit fiscal estructural se incrementó desde 2,3% en 2022 a 4,0% en 2024.

Dado que la programación fiscal del quinquenio ya asumió ciertos riesgos y que el incumplimiento de la nueva regla fiscal en su primer año de vigencia afectaría su credibilidad, no parece haber margen para que el déficit fiscal se deteriore un 1% del PIB en 2026. La eventual incertidumbre respecto a la corrección de un desvío de esa magnitud reduciría la probabilidad de incrementar la inversión (y el crecimiento) en 2027-2029.

Ante este contexto, el gobierno enfrentará el dilema de corregir la ejecución del gasto para minimizar el desvío fiscal o asignar más recursos para sus prioridades programáticas. El equilibrio entre ambas opciones dependerá del costo político que se esté dispuesto a pagar en el corto plazo y del riesgo de un eventual deterioro de las condiciones de acceso al financiamiento (riesgo país) que se esté dispuesto a asumir en la segunda mitad del mandato.

Si bien es posible que, en el corto plazo, la incertidumbre en el hemisferio norte facilite el acceso al crédito "barato" en la región, es probable que el "mercado" requiera, más temprano que tarde, señales de moderación fiscal. Ello supondría comunicar que se adecuará la ejecución del gasto para minimizar el desvío fiscal durante 2026; que una eventual asignación incremental de recursos en la rendición de cuentas quedará sujeta al cumplimiento previo de las metas fiscales; y que el eventual proyecto de ley que resulte del "diálogo social" será intertemporalmente neutro en términos fiscales. A su vez, la reglamentación de los cambios realizados a la regla fiscal debería incluir un mecanismo de corrección de desvíos que asegure que el nivel de deuda neta en relación al PIB previsto para 2029, se mantenga sin cambios.

Por otro lado, como la reducción del déficit fiscal prevista para el quinquenio y la agenda programática del gobierno requieren un crecimiento del PIB superior al 2% en lo que resta del período, será necesario mejorar la competitividad de la economía para reimpulsar la inversión en la segunda mitad del mandato.

En este marco, el gobierno enfrentará un segundo dilema, ya que la economía política de los cambios es compleja. Cuanto más significativos sean, mayor será su costo político en el corto plazo, pero mayor será su probabilidad de incidir positivamente en el desempeño económico en 2027-2029.