A pagar la cuenta

El reciente ajuste al Mepco va en la dirección correcta y es un reconocimiento forzado: contener completamente las alzas de los combustibles no es fiscalmente sostenible.
Pero tal vez lo más relevante es lo que deja en evidencia. El Mepco no es solo un mal instrumento desde el punto de vista económico; es, además, un mecanismo procíclico en términos fiscales. Durante años, ese desbalance se mantuvo relativamente contenido. Pero frente a shocks de gran magnitud, como el actual, el esquema no resiste. La ilusión de estabilización desaparece y el costo acumulado -hasta ahora difuso- irrumpe con tal fuerza en las cuentas fiscales que simplemente no es viable.
La respuesta del Gobierno intenta corregir parcialmente este problema al incorporar medidas más focalizadas. Es un avance. Pero conviene no sobredimensionarlo: buena parte del ajuste sigue operando a través de precios -congelamientos y subsidios específicos- en lugar de hacerlo mediante transferencias directas a los hogares. Es decir, se sigue usando el precio como política social, aunque de manera más segmentada.
Ese es el error de fondo. Estabilizar precios y redistribuir ingresos son objetivos distintos, que requieren herramientas distintas. Mezclarlos no solo es ineficiente: es fiscalmente opaco y políticamente frágil. El Mepco permitió por años evitar esa discusión. Hoy, simplemente, ya no alcanza.
Si se quiere avanzar en serio, el siguiente paso no es profundizar los parches, sino ordenar el sistema. La estabilización de precios debe operar con reglas explícitas y mecanismos diseñados para manejar riesgo, no para ocultarlo. En ese contexto, el uso de coberturas financieras sobre el precio del petróleo -por ejemplo, mediante opciones sobre el Brent- es una alternativa razonable para acotar episodios extremos de volatilidad. No son gratis, pero tienen una ventaja crucial: hacen visible el costo desde el inicio, en lugar de esconderlo en el tiempo.
La protección a los hogares, en cambio, debe canalizarse por otra vía: transferencias directas, focalizadas y transparentes. Persistir en subsidios vía precios -aunque sean parciales o sectoriales- es insistir en una mala política, solo que mejor disfrazada.
Lo ocurrido estos días marca un punto de inflexión. No porque resuelva el problema, sino porque obliga a enfrentarlo. La pregunta es si, una vez pasada la urgencia, se avanzará en separar de verdad los objetivos, o si se volverá a la comodidad de instrumentos que funcionan bien mientras el costo permanece invisible.
Porque ese es, en el fondo, el verdadero problema del Mepco: no que estabilice precios, sino que permite evitar -hasta que ya no se puede- la discusión sobre quién paga.