Plan de seguridad: casi la mitad de las medidas ya se encuentran en curso y esperan aplicar otras 42 en corto plazo

El Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el gobierno reúne 135 medidas, de las cuales unas 65 ya están siendo ejecutadas. El presidente de la República, Yamandú Orsi, detalló junto al titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, el documento que combina endurecimiento de penas, ampliación de controles y uso intensivo de tecnología. Algunas de sus medidas -incluidos cambios en el sistema penal y más competencias a las Fuerzas Armadas- no dependen exclusivamente de la cartera y deberán pasar por el Parlamento.

La presentación se desarrolló en la Sociedad Criolla Elías Regules, donde previamente se había realizado un Consejo de Ministros. Durante su intervención en la conferencia, el mandatario destacó que se trata de una "estrategia nacional de seguridad" y remarcó que no es un plan que empiece de cero.

"Es fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía que nos permite identificar las cosas que funcionan muy bien y las que no tanto", dijo, y destacó la presencia del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, quien fue mantenido en el cargo, que ocupaba durante la gestión anterior.

El ministro Negro ya había adelantado en múltiples entrevistas e instancias con la prensa que el plan no partiría de cero en marzo de 2026, sino que algunas de las medidas ya se venían poniendo en práctica. Son 65 (casi la mitad) las que figuran como "en curso" en el documento divulgado por la cartera.

Uno de los puntos destacados por el presidente fue que el plan tiene "puntería a futuro" y que "no es una propuesta integral paralizadora" sino que se dio lugar a distintas instituciones para aportar. En total, participaron 79 instituciones de cinco sectores distintos, presentando 92 propuestas.

Además, Orsi aseguró que "la puesta en acción está encabezada por la Policía", pero que el resto del Estado se va a "encolumnar detrás de eso". En este contexto, destacó la necesidad de coordinar entre secretarías de Estado para obtener mejores resultados.

Una de las medidas es aumentar las competencias y la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, para lo cual Interior deberá trabajar con el Ministerio de Defensa. Lo mismo con el de Desarrollo Social para el Operativo Calle (que ya se encuentra activo), que busca bajar la cantidad de personas que viven en la calle.

Según supo El País, la cúpula policial se encuentra "muy contenta" con el plan ya que "impacta directamente en la operativa" de manera positiva. "La Policía es un actor fundamental desde un punto de vista estratégico, en incautaciones, análisis, teniendo como base fundamental la educación", dijeron fuentes policiales a El País tras la presentación del documento.

Estructura

El Plan Nacional de Seguridad es la principal bandera del gobierno en esta materia. Comenzó a gestarse en marzo de 2025 y pasó por diferentes etapas hasta llegar a su presentación ayer. Diagnóstico, encuentros por seguridad, propuesta técnica, propuesta política y validación social fueron las distintas etapas.

Desde la cartera esperan que el plan sea el eje principal durante la gestión actual, pero también de la siguiente (hasta 2035). Según el cronograma previsto en el documento, en el cual se aclara que no se trata de algo "rígido", se espera que hasta 2027 se desarrolle una primera fase denominada "contener lo urgente". Allí se priorizarán las medidas urgentes como "contener la violencia letal en lugares críticos" o "proteger casos de alto riesgo".

La segunda fase, prevista para que ocurra entre 2028 y 2031, fue denominada "recuperar el control y coordinar mejor", mientras que el último tramo estará dedicado a "sostener resultados y prevenir".

Las medidas están divididas en siete ejes: homicidios, violencia de género, armas de fuego y municiones, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia criminal y sistema de prevención del delito.

El eje de reducción de homicidios cuenta con 10 medidas, de las cuales siete ya se encuentran en curso. Se espera que las restantes se cumplan en el corto o mediano plazo. Estas últimas son "implementar un sistema de análisis y priorización en la investigación de homicidios", "incorporar tecnología avanzada para fortalecer la Policía Científica", y la "conformación de un grupo de trabajo para la atención a víctimas de violencia armada".

El plan tiene una fuerte base en el control de armamento y municiones, así como ajustes en el sistema de justicia criminal.

Control

Para su financiamiento se contará con recursos asignados por el Presupuesto Nacional, así como algunos provenientes de la cooperación internacional.

La arquitectura de monitoreo y evaluación, según describió el Ministerio del Interior en el documento, se determinará en coordinación con las áreas de planificación de los organismos vinculados, en articulación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, para analizar el rendimiento de las distintas medidas, se realizará una verificación por acción con cortes semestrales. "Las acciones que no alcanzan el umbral mínimo permanecen en fase de ajuste, con planes específicos de cierre de brechas y nueva verificación en el corte siguiente", describieron.

Todas las propuestas que van a requerir los votos de la oposición

Algunas de las medidas presentadas en el plan requerirán votos de la oposición para poder implementarse. Es la ampliación de competencias y jurisdicción de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en zonas de frontera. Además, se creará un Centro de Comando Unificado con el objetivo de que las FF.AA. y el Ministerio del Interior compartan información.

Otra que deberá contar con aprobación parlamentaria es una modificación a la ley que regula las detenciones en flagrancia. Hasta el momento, la Policía puede detener a un delincuente mientras comete el delito o inmediatamente después. Interior buscará establecer una franja de 12 horas.

A pesar de que en reiteradas oportunidades el titular de la secretaría de Estado manifestó que el aumento de penas no solucionaba la escalada de violencia, una de las medidas apunta al incremento de sanciones a quienes tengan armas sin el permiso correspondiente. Tanto este como otros posibles cambios al proceso penal deberán contar con votos de la oposición para poder ser aprobados.

El ministerio se encuentra trabajando en un proyecto de ley elaborado por integrantes del Partido Colorado sobre "justicia terapéutica". Esto, según explicó Orsi, se trata de trabajar desde otro lugar con aquellos que lo que más necesitan es el trabajo en salud para abandonar las adicciones".

El proyecto para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación también está en el plan. Este ya se encuentra listo para ser discutido en el Parlamento, por lo que se espera que tenga algún avance en los próximos meses.