Contraloría alerta por los impactos de la emergencia

La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica vuelve a quedar en el centro de la discusión fiscal tras las advertencias de la Contraloría General de la República, que identificó vacíos en la estructuración, articulación y ejecución de los decretos expedidos por el Gobierno, en un reciente pronunciamiento que cobra relevancia por el volumen de recursos comprometidos y por las dudas sobre la capacidad institucional para administrarlos. Luego de revisar los 18 decretos emitidos en el marco del Decreto 0150 de 2026, el ente de control instó al Gobierno a revisar y apliquen bien los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012", norma que rige el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La advertencia apunta a la base técnica y normativa sobre la cual se está ejecutando la respuesta a la emergencia. Uno de los puntos que concentra mayor tensión es el recaudo de nuevos impuestos con los que se espera obtener hasta $8,68 billones. Frente a esto, la Contraloría señaló que el Gobierno tiene la obligación de garantizar "el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo" para atender la emergencia, lo que pone bajo escrutinio la capacidad operativa del Estado. En ese frente, el organismo subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de la Dian y los mecanismos de control, especialmente en lo relacionado con el impuesto al patrimonio y los tributos sobre juegos de suerte y azar en línea. La advertencia no es menor si se tiene en cuenta que la eficacia del recaudo será determinante para sostener la respuesta fiscal sin generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas. A la par del recaudo, la ejecución de los recursos aparece como uno de los principales focos de incertidumbre. La Contraloría fue enfática en que ampliar facultades de contratación o disponer de mayores recursos no garantiza resultados si las entidades responsables no mejoran su gestión. "De nada sirve ampliar facultades… si antes las entidades responsables de su ejecución… no mejoran sustancialmente su gestión", advirtió el ente de control. El flujo de recursos Esa preocupación se amplifica cuando se revisa la decisión de reorientar recursos de programas en curso para atender la emergencia, ya que según la entidad, esta medida podría generar impactos en la financiación, ejecución y continuidad de proyectos, por lo que insistió en que se debe actuar con rigor jurídico y técnico, definiendo además la forma y oportunidad en que dichos recursos serán reembolsados. En todo esto, el rol de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también quedó bajo la lupa; luego de que la Contraloría señaló que el traslado de recursos provenientes del sector eléctrico a esta entidad debería ser revisado, al advertir que "no tiene la experticia ni estructura organizacional" para gestionar obras de alta complejidad técnica, lo que introduce dudas sobre la eficiencia en la ejecución de estos recursos. En paralelo, el ente de control alertó sobre riesgos en el sector energético derivados de posibles decisiones que modifiquen la operación de los embalses hidroeléctricos sin el debido sustento técnico. Según indicó, esto podría generar incumplimientos contractuales, afectar componentes tarifarios y deteriorar la confianza inversionista en un sector considerado estratégico para la economía.