Tiempos de espera: el gobierno apuesta a cambios para tener "datos reales" de las mutualistas

Desde la campaña electoral, quien asumiría como ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, estableció entre sus principales prioridades reducir los tiempos de espera que tienen los prestadores de salud para agendar consultas y cirugías. Ya al frente de la cartera, lo hizo dando cifras concretas de sus objetivos: bajar el 50%. Esta promesa concreta lo hizo para la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por una razón: allí existen datos que consideran confiables.

El punto de partida en el resto del sistema, sin embargo, no es algo sobre lo que las autoridades sanitarias tengan total claridad, ya que no confían en que los datos aportados por los prestadores de salud representen una medida real, tal como se desprende de una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por El País.
Esta situación llevó a la cartera a tomar dos decisiones.

Por un lado, impulsó un llamado a licitación que cerró el 2 de marzo para crear un software que permita unificar criterios de interpretación y que en lugar de que cada mutualista entregue los datos al Ministerio de Salud Pública (MSP) -algo que cada institución presenta de acuerdo al formato que entienda mejor- se deba cargar la información a un único sistema unificado y protocolizado, según criterios que le permitan a la secretaría de Estado tener una foto más clara de cuánto deben esperar los usuarios para atenderse ante cada especialidad.

"Existe heterogeneidad en la información enviada por las instituciones, encontrándose problemas de definición, registro y calidad de esta", indicó el MSP en la respuesta a El País y se agregó que hay "falta de capacitación específica" en Recursos Humanos y que "la metodología de cálculo de tiempos de espera presentaba limitaciones para considerar la dispersión geográfica de la oferta de los servicios que dan los prestadores".

Ante este escenario, la Direccón General del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) llamó a concurso para contratar una empresa consultora que diseñe un nuevo sistema de información "para la medición y monitoreo de tiempos de espera para distintas consultas, procedimientos diagnósticos y procedimientos quirúrgicos en los prestadores integrales del SNIS".

De acuerdo a lo que indicó el MSP en su respuesta -y esto es algo que es llamativo-, ya que los datos no cumplen con las expectativas, "la dirección general del SNIS ha dejado de relevar la información de los tiempos de espera durante el año 2025, a la espera del establecimiento del nuevo sistema de información".

Cada prestador

Los últimos datos disponibles corresponden al segundo semestre de 2024, sin discriminar entre consultas presenciales o telemedicina. Siempre, de acuerdo a lo que se indica en la respuesta, "según la metodología y las limitaciones actuales".

Si bien la administración actual modificó el decreto, en 2024 aún regía la normativa vigente desde 2007. Allí se estableció que los prestadores deben dar una cita para consulta externa en medicina general, pediatría y ginecobstetricia en un "plazo máximo" de 24 horas. Las consultas para cirugía general deben realizarse en un "plazo máximo" de dos días, y citas para especialidades médicas y quirúrgicas "en ningún caso podrán ser coordinadas en un plazo mayor a 30 días". Los procedimientos quirúrgicos no urgentes se deben coordinar en un "plazo inferior" a 180 días, desde su indicación.
Raw HtmlAhora bien, según lo que recogió el MSP en base a la información que dan los prestadores, prácticamente todos cumplen a rajatabla con la normativa. Algo que no condice con el hecho de que la cartera que dirige Lustemberg haya permitido que más de 200 personas se cambiara de prestador argumentando lo excesivo de los tiempos de espera para poder tener cita con especialistas, como informó El País en junio pasado. Por ejemplo, en el último semestre de 2024 apenas cinco prestadores de salud superaban el promedio de un día para dar cita en medicina general: Crami (12,9 días de promedio) Comedur (5,09), Comta (2,08), Comepa (1,94) y Comeflo (1,12).

En el otro extremo, seguros como Summum registró un promedio de 0,01 días de espera, el Hospital Británico 0,04 o el Sanatorio Americano 0,05.

En el caso de citas para especialidades médicas y quirúrgicas el decreto colocó el plazo máximo en los 30 días. Y paradójicamente o hasta contrario a lo que marca la realidad de miles de usuarios que intentan sacar hora con especialistas, según lo que indicó cada prestador, apenas en cuatro casos se superó el límite durante el segundo semestre de 2024.

La consulta abarcó especialidades como cardiología, oftalmología, psiquiatría, cirugía general, traumatología y oncología. De los 39 centros de salud relevados -ASSE no brindó datos-, solo Comta indicó un promedio de 32,11 días de tiempo de espera para oftalmología. También superó los 30 días en la misma especialidad el Centro Médico de Salto con 35,89 días de promedio. Otro de los contados casos en los que se indicó más de 30 días fue el de Comepa con 32,31 en psiquiatría, al igual que Gremca con 31,97. Y Camcel en traumatología con 31,53 días y oncología, 36,08.

Con excepción de estos casos mencionados, los restantes 34 prestadores de salud aseguraron que brindaron una cita para estas especialidades en menos de 30 días de promedio.

El Sistema de Información de Agenda de Consulta Externa del MSP releva el tiempo de espera para el primer especialista disponible que se define como la diferencia, en días, entre la fecha de solicitud de la cita y la fecha de la cita médica otorgada. Sin embargo, según se detalló en la respuesta, "la metodología presentaba limitaciones para considerar la dispersión geográfica de la oferta de los servicios de los prestadores". Por ejemplo, si uno solicita hora para traumatólogo estando en Rivera y el primero disponible es al día siguiente en Montevideo, se contabiliza el tiempo de espera como un día a pesar de que esa persona probablemente no se traslade.
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Sin información certera

A la secretaría de Estado que dirige Lustemberg le preocupa especialmente este tema. Pero para llegar a una etapa en que el MSP adopte medidas concretas, contar primero con datos que muestren cuál es el panorama es vital. En diálogo con El País, la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, sostuvo que con la licitación que cerró días atrás se busca "tener datos reales". "Que reflejen la realidad y así nos permitan tomar acciones en función de la información que hoy no tenemos", agregó.

Pradere explicó que luego de cerrada la convocatoria, el tribunal está evaluando 12 propuestas que se presentaron. Estimó que durante todo este 2026 se estará trabajando en la creación del sistema y en la definición de los criterios junto a los prestadores para determinar qué información debe presentarse y de qué forma.

De todos modos, aseguró que ya "se han tomado acciones porque el problema la gente lo plantea más allá de que no esté la información". "Es lo que la población reclama, pero no tenemos la información certera", añadió.