La realidad se impone

Bastó que se instalara una leve crisis hídrica en el país para que quedara en evidencia el pésimo manejo político del asunto que realiza el gobierno desde que asumió.

Decidió dejar sin efecto el contrato vigente para la construcción de una planta procesadora de agua potable de respaldo para el área metropolitana en Arazatí, que se alimentaría de agua bruta de esa fuente inagotable que es el Río de la Plata.

En su lugar reflotó el viejo proyecto del arroyo Casupá que, como se sabe, se caracteriza por sumar serios inconvenientes. Con la sequía que atraviesa la zona centro sur del país (que ni se acerca en absoluto a la del 2023) emergieron rápidamente los problemas que se pretenden solucionar. Ocurrió la reducción llamativa de las reservas hídricas, y el deterioro de la calidad del agua que llega a los consumidores, constatándose por ejemplo la presencia de inaceptables niveles de trihalometanos en el agua en los grifos de los hogares.

Y ocurrió la paradoja. Los que antes denunciaban y reclamaban con razón que el agua distribuida por OSE en su momento no era potable por su composición, y que implicaba algún riesgo para la salud, ahora ocupando cargos de gobierno tranquilizan a la población diciéndoles que el agua hoy distribuida con trihalometanos, es potable y bebible -aunque ellos no la consumen del grifo. Además nos enteramos que el ente estatal ha estado tomando agua del Río de la Plata, algo curioso porque su tenor salobre era uno de los principales inconvenientes que le atribuían al proyecto Neptuno cuando eran oposición.

Cómo le está sucediendo en cada área sensible de la gestión, también en esta las autoridades no saben qué hacer y se equivocan demasiado. Siguen tozudamente empujando Casupá, a pesar de ser conscientes de todos los inconvenientes que ese proyecto implica, y que lo desaconsejan. Una vez más y sin prurito alguno en los hechos, en la toma de decisiones, le demuestran a la sociedad uruguaya que para ellos lo político sigue estando por encima de todo.

Su falta de sentido común y de priorizar los intereses generales sobre los propios -comenzando por mantener todo aquello que está bien-, empuja al gobierno a recorrer caminos equivocados. Todos sabemos que la cuenca del río Santa Lucía está comprometida (contaminada por múltiples fuentes en forma permanente), y al mismo tiempo exhibe una inocultable fragilidad que la vuelva inapropiada para ser la única fuente de agua bruta capaz de satisfacer el servicio público, debido a su elevada vulnerabilidad a los cíclicos episodios de sequías e inundaciones.

Por tratarse de un nuevo proyecto, el gobierno al desconocer el contrato que estaba vigente debió realizar un nuevo llamado público. En su lugar, ahora tenemos el supuesto contrato original "remendado", y la necesidad de concretar otro contrato para las obras del arroyo Casupá. ¡Todo mal!

Mientras tanto subsiste un problema adicional -invisible a la vista del público- que es toda el agua potable que se pierde cada hora, por el estado de deterioro de las cañerías que la transportan desde Aguas Corrientes a los hogares. Urge la puesta en marcha de un plan serio, eficiente de modernización y mantenimiento que minimice esas pérdidas.