No habrá dictadura económica

La decisión del Gobierno de retirarse de la junta directiva del Banco de la República forma parte del libreto de fortalecer la narrativa populista para convocar una constituyente que le entregue todos los poderes del Estado al Presidente de la República. El autodenominado progresismo ha tomado la decisión de destruir nuestro sistema democrático y convertir al Presidente en un tirano que asuma el control de todos los poderes públicos. Su modelo más próximo es Venezuela. Piden una constituyente para que el Congreso no pueda discutir sus proyectos. Buscan una constituyente para amarrarles las manos a las cortes. Y ahora que la junta del Emisor decide subir las tasas de interés, se le vienen lanza en ristre y dicen en coro que el Banco de la República no puede seguir ejerciendo como autoridad monetaria, porque dizque lo hace contra el pueblo. El Gobierno no quiere entender que se está tirando la economía y que serán los más pobres los que terminarán pagando los platos rotos. Su nivel de gasto público, por razones claramente electorales, es una bomba de tiempo que nos llevará a la quiebra y jalonará gravemente el nivel de precios de la economía. Su decisión de subir el salario mínimo de manera irresponsable, necesariamente ha expandido la demanda por bienes y servicios y está atizando la inflación. No son argumentos de la oposición. La inflación se encuentra lejos del rango meta del 3 %, fijado por la junta del Emisor para este año. En este contexto, la junta del Banco de la República tiene que subir la tasa de intervención. Si el Gobierno juega a expandir la oferta monetaria, el Emisor tiene que contraerla, desestimulando el crédito y afectando la demanda agregada. Es su deber, porque la Constitución le ordena combatir la inflación. Inclusive, frente a la testarudez del Gobierno, que gasta y gasta sin límite, la medicina debería ser más extrema. La junta debería ponerle al Gobierno un depósito o retén cambiario cada vez que intente monetizar endeudamiento externo, como lo ha hecho en el pasado con el sector privado, para intervenir esta creciente fuente de expansión monetaria. Frente a las altas tasas de inflación que precedieron las reformas económicas de 1991, del orden del 35 %, y a la manía oficial de activar la maquinita de emisión para financiar sus políticas de coyuntura y cultivar su popularidad, la Constituyente dispuso una adecuada arquitectura institucional en la que el Gobierno es el responsable del gasto y la junta directiva del Banco de la República, como órgano autónomo, define la política monetaria, cambiaria y crediticia. Hace un mes, el exministro chileno José de Gregorio, actual decano de Economía de la Universidad de Santiago, me decía que, a diferencia de la Constitución chilena, la nuestra cometió el error de sentar en la junta al ministro de Hacienda. Algo inconveniente porque, según él, frente a cualquier desarreglo fiscal de un gobierno, la única alternativa del banco central es poner en marcha una política monetaria restrictiva, sin coordinación alguna. Cuando De Gregorio me participaba su opinión, nunca pensé que en Colombia se llegara al extremo de intentar anular al Emisor. Petro ordena el retiro del Gobierno, conocedor de que los estatutos del Banco de la República (art. 35, D. 2520/93) prevén que su junta directiva no puede sesionar sin la presencia del ministro. Se trata de una regla abiertamente inconstitucional, porque por esta vía cualquier gobierno podría decidir el aniquilamiento de facto de la autoridad monetaria, que es un órgano autónomo de rango constitucional. Sería tanto como permitir que el presidente le echara candado a la Corte Constitucional, para impedir que ejerza el control constitucional de una ley. Frente a la jugadita del Gobierno, los miembros de la junta deben saber que pueden seguir sesionando y adoptando las medidas que juzguen útiles para que el impuesto inflacionario no afecte la economía y arruine los ingresos de la gente más humilde, aun sin la presencia del ministro, aplicando a los estatutos la excepción de inconstitucionalidad. Es su herramienta para no caer en una dictadura económica. Taponazo. ¿Tanto terremoto en la Uiaf será porque está convertida en policía política?
La jugadita del Gobierno
Néstor Humberto Martínez Neira
Si el Gobierno juega a expandir la oferta monetaria, el Emisor tiene que contraerla. Es su deber, porque la Constitución le ordena combatir la inflación. Inclusive, frente a la testarudez del Ejecutivo.