La vigilancia a la que se someterá la medida

La corte constitucional, los entes de control y el congreso podrán hacer un seguimiento a la legalidad del impuesto y a lo recaudado.
Las fuertes lluvias de este año llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica, con la que estableció un impuesto al patrimonio para personas jurídicas o sociedades cuyos activos superen los $ 10.400 millones. El objetivo es recaudar cerca de $ 6,8 billones para atender la catástrofe. Al tratarse de una medida excepcional, el destino de estos recursos no está sujeto al manejo ordinario del presupuesto nacional, sino que cuenta con un esquema de vigilancia riguroso. El primer y más importante filtro es el de la Corte Constitucional, que realiza un control automático de legalidad. El abogado Fabio Humar advirtió que aunque el impuesto se considera "antitécnico" por gravar activos sin medir la liquidez, las empresas están obligadas a pagar mientras la ley esté vigente, esperando un pronunciamiento de la Corte. "Este tema amerita urgencia del alto tribunal. El supuesto tributario sobre el que reposa ese decreto es antitécnico, ya que pone a pagar sobre los activos sin analizar la capacidad de producción de efectivo de los mismos", aseguró. Si la Corte detecta que los recursos se desvían hacia gastos de funcionamiento o pago de deudas antiguas, el decreto podría caerse. Por otro lado, la Contraloría ha recibido solicitudes para activar un seguimiento en tiempo real, buscando evitar que los fondos se pierdan. Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, recordó que la Procuraduría y la Contraloría no deben ser "convidados de piedra" y deben vigilar que el dinero no termine financiando campañas. Por su parte, el Ministerio de Hacienda aseguró que estos recursos no ingresarán a la "bolsa general", mientras que el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, explicó que aunque existe desconfianza sobre el manejo de dineros públicos en periodos electorales, la ejecución de gran parte de estos recursos se daría en el próximo gobierno. Precisamente, el Congreso podrá ejercer el control político al Ejecutivo con el requerimiento de informes de ejecución. Juan Diego Torres - Justicia