Blindar a Ecopetrol

Cuando Ecopetrol entra en una crisis de gobierno corporativo, lo que realmente se pone en riesgo es la principal fuente de recursos fiscales de la Nación. Ecopetrol no es un ministerio más ni un apéndice del gobierno de turno. Es la empresa más importante del país. La sola posibilidad de una reunión entre siete de los nueve miembros de la junta directiva y el presidente de la República durante la semana en curso, para discutir el futuro de Ricardo Roa, sembró dudas sobre la autonomía de la empresa. Aunque la cita no se concretó, el lunes pasado, 6 de abril, la junta optó por una salida intermedia: vacaciones para Roa hasta el 28 de mayo y una licencia no remunerada de 30 días, mientras avanzan las investigaciones judiciales en su contra. La discusión venía de meses atrás, con presiones del sindicato USO, cuestionamientos de accionistas minoritarios y constancias escritas de directivos sobre los riesgos de su permanencia. La reacción pública del presidente Petro, que cuestionó la decisión, solo reforzó la percepción de que la independencia del gobierno corporativo está bajo presión. Eso pesa aún más porque Ecopetrol cotiza tanto en la Bolsa de Colombia como en la de Nueva York. Cualquier señal de injerencia o desorden en la gobernanza se traduce en mayor volatilidad, mayor costo de financiamiento y pérdida de confianza de los inversionistas. Y el momento no podría ser más delicado. Las utilidades cayeron de 33,4 billones de pesos en 2022 -el mejor resultado de su historia- a $19 billones en 2023, $14,9 billones en 2024 y apenas a $9 billones en 2025. Son tres años seguidos de caídas de doble dígito. Por el lado de la producción de crudo, se ha mantenido relativamente estable, entre 740.000 y 746.000 barriles equivalentes por día, pero el gas natural cayó cerca de 7% en 2025 y la vida media de sus reservas de gas natural bajó a 6,3 años, frente a 8,2 años del crudo. Si bien parte del deterioro se explica por el menor precio del crudo, la revaluación del peso y mayores cargas tributarias, tres años seguidos de caída de utilidades describen una empresa que necesita más estabilidad estratégica, más claridad en su conducción y una conversación técnica seria sobre su futuro. La principal consecuencia es la disminución de los recursos que Ecopetrol transfiere al Gobierno. Mientras que en 2023 Ecopetrol transfirió cerca de $58 billones entre impuestos, dividendos y regalías, en 2025 esa cifra bajó a $34,6 billones. Esa brecha aumenta la presión sobre la deuda, los impuestos y el gasto público. El panorama del gobierno corporativo se complica cuando aparecen dudas sobre transparencia. En la Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de 2026, Deloitte dejó constancia de que no tuvo acceso completo a la información financiera y corporativa, especialmente al informe de gestión de Roa. En una empresa de este tamaño, eso revela una falla seria en los mecanismos de control. Blindar el gobierno corporativo de Ecopetrol es una necesidad económica. Solo una junta verdaderamente autónoma puede tomar decisiones técnicas sobre reservas, exploración e inversión sin que cada coyuntura política altere el rumbo de la empresa. Proteger la autonomía real de Ecopetrol no es atacar a un gobierno. Es defender la capacidad de Colombia para invertir y crecer sin seguir cargando al contribuyente. Al final de cuentas, Ecopetrol no es de Petro, ni es del que venga después. Ecopetrol es de Colombia. Y mientras sigamos confundiéndola con un ministerio, seguiremos teniendo menos caja, más deuda y menos capacidad para construir país.