La defensa de la Superintendencia de Electricidad: "Las decisiones adoptadas responden (...) a criterios técnicos"
VIENE DE B1
anómala para postergar la aplicación de las tarifas", asegura
VIENE DE B1
anómala para postergar la aplicación de las tarifas", asegura.
Distinta es la visión del ex director ejecutivo de Empresas Eléctricas Rodrigo Castillo, para quien la tardanza se explica por el volumen de la deuda que había que reliquidar. "Se demoró más o menos lo mismo que se suele demorar cuando es mucha la plata a reliquidar y el motivo es técnico. En el caso de estas reliquidaciones, hay que calcular exactamente cuánto hay que devolverle a cada cliente. Cuando tienes que hacer ese proceso para muchos años, mucha plata y muchos clientes, es muy engorroso", indica.
Desde la SEC detallan el cronograma para realizar la reliquidación. Se les enviaron solicitudes de información a las empresas en mayo, agosto, septiembre y noviembre de 2025. Desde la última petición de información hasta que se instruyó la reliquidación, pasaron 77 días.
Hoy, la SEC no tiene un plazo legal para efectuar las reliquidaciones. "El tiempo requerido puede variar según la complejidad técnica de cada proceso, siendo el criterio principal asegurar que la reliquidación se realice de manera adecuada y conforme a derecho", comentan desde la SEC.
El Ministerio de Energía no respondió la consulta de este medio de si es necesario imponer un plazo legal al proceso de reliquidaciones.
¿Presión política?
Consultados por "El Mercurio" sobre si hubo una presión política para atrasar la reliquidación en el caso del último proceso, desde la SEC respondieron: "No. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles es un organismo técnico que actúa con plena sujeción a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos por ley. Las decisiones adoptadas en este proceso responden exclusivamente al cumplimiento de las etapas legales y a criterios técnicos necesarios para asegurar una correcta implementación de la reliquidación".
Sin embargo, la institución que preside Marta Cabeza desde noviembre de 2022 accedió a retrasar la cobranza de la deuda, en parte, por demanda política.
En febrero, la SEC señaló que el cobro de la deuda comenzaría en abril de este año. En marzo, anunció que aplazaría el pago hasta julio. "Esta decisión se adopta tras recibir solicitudes por parte de parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), quienes plantearon la necesidad de postergar el proceso en atención al actual escenario económico y sus efectos en los hogares", consignó la SEC.