Autonomía bajo fuego

La tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República dejó de ser un debate técnico para convertirse en un problema institucional de primer orden, que luce lejos estar resuelto. El cruce de declaraciones tras la comparecencia del gerente Leonardo Villar y del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el Congreso y las posteriores afirmaciones del Presidente así lo confirman. Lo que está en juego no es únicamente el nivel de la tasa de interés ni la interpretación de los choques inflacionarios, sino la credibilidad de la política evconómica y el respeto por la arquitectura constitucional que separa funciones, competencias y responsabilidades, así a la Casa de Nariño -que decidió politizar y meterle populismo al debate- le incomode en lo más profundo. El Banco de la República, en su intervención, recordó una verdad básica: su autonomía, establecida en la Constitución Política, no es un privilegio corporativo, sino un instrumento de estabilidad macroeconómica. Villar advirtió que el deterioro del lenguaje oficial y la descalificación personal de los miembros de la Junta -incluidas alusiones ideológicas y acusaciones extremas- erosionan mucho más la confianza, un activo silencioso pero determinante para el costo de financiamiento del país. Cuando el gerente subraya el aumento del riesgo país, del déficit fiscal y del endeudamiento como factores detrás de las tasas más altas, está señalando un encadenamiento macro que va más allá de la decisión puntual del Emisor. Desde el Gobierno, el diagnóstico es otro. El Ministro de Hacienda cuestiona la efectividad de subir tasas frente a choques externos y relativiza el impacto de una inflación por encima de la meta, argumentando que la economía "no se desmorona" con registros cercanos al 5%. Y no es un asunto menor, porque el Presidente va más allá y enmarca la decisión del banco central dentro de un supuesto bloqueo político y social, atribuyendo a la política monetaria responsabilidades históricas sobre pobreza, desigualdad y hambre. Ese relato, sin embargo, confunde deliberadamente coordinación con subordinación. La Constitución Política, que tanto se cita desde la Casa de Nariño, ordena armonía entre políticas, no obediencia jerárquica. El problema no es discutir la meta de inflación, ni evaluar los costos de crecimiento asociados al endurecimiento monetario. Ese es un debate legítimo y necesario. El problema surge cuando se desacredita la independencia del Banco, se personaliza la discrepancia y se sugiere que la Junta responde a intereses distintos al bienestar general. En economías con mercados de capital estrechos y alta sensibilidad al riesgo, ese tipo de mensajes se traduce rápidamente en mayores tasas, menor inversión y más presión fiscal, afectando justamente a quienes se pretende proteger. Una salida propositiva exige bajar el tono y subir el nivel técnico. El Gobierno puede -y debe- usar la política fiscal, la ejecución eficiente del gasto y dar señales inequívocas de la sostenibilidad de las finanzas públicas para aliviar presiones inflacionarias y apoyar el crecimiento. El Banco, por su parte, debe seguir explicando con claridad sus decisiones y los riesgos que observa en expectativas, deuda y financiamiento. La coordinación se construye con información, no con confrontación ni acusaciones agitando redes sociales, sino con instituciones fuertes por encima de relatos de confrontación. Debilitar al Banco Central es debilitar al país.