Espejito, espejito

Hay momentos en la vida de los países en que las señales del mercado dejan de ser ruido de fondo para convertirse en campanazo de alerta mayor. Colombia vive uno de esos momentos, y reconocerlo con honestidad es el primer paso para no desperdiciar la oportunidad que se abre. Los datos no admiten interpretaciones convenientes. La inversión extranjera directa acumula una caída de 33% desde 2022, cuando el país captaba US$17.182 millones, hasta US$11.469 millones en 2025. Las tres grandes calificadoras de riesgo del mundo, Fitch, S&P y Moody’s, tienen hoy perspectiva negativa sobre Colombia. Fitch bajó su perspectiva a negativa en marzo de 2025; Moody’s fue más lejos en junio y rebajó directamente la calificación soberana, señalando que el incumplimiento de la regla fiscal "desvía al país de su historial de formulación prudente de políticas". Y el déficit fiscal cerró el 2024 en 6,7% del PIB, muy por encima de lo proyectado. No se trata de un complot orquestado contra el gobierno del cambio, ni de una cruzada internacional para atar de manos a una administración progresista. Es la lógica fría e insobornable del capital: cuando el riesgo percibido supera la expectativa de retorno, el dinero busca otro destino. Sin drama. Sin ideología. Con matemáticas. Llamar a eso un ataque político es un error de diagnóstico costoso, que en economía no lo pagan los que gobiernan. Los pagan los ciudadanos, con desempleo, inflación y deterioro del bienestar de los más vulnerables, precisamente aquellos a quienes el gobierno dice querer transformar. Vale la pena recordar que incluso países de talante abiertamente estatista, como China, aprendieron hace décadas que no es posible sostener ambiciosas reformas sociales ni mejorar la calidad de vida de la población echando por la borda la confianza inversionista. No hay en el mundo contemporáneo un solo ejemplo exitoso de país que logró desarrollo económico sostenido y expansión real de derechos sociales a través de la estatización de la economía. Todos los experimentos que lo intentaron fracasaron. La realidad es tan simple como incómoda: se necesita un sector privado robusto con apetito real de inversión, que sienta que el país le da señales claras de ser un destino confiable para el capital. Ese mismo sector que hoy recibe señales de desconfianza es la máquina que financia, a través de impuestos y empleo, el ambicioso gasto social que este gobierno ejecuta. Hacer la paz con los actores más violentos de nuestra historia mientras se hace la guerra con quienes sostienen el Estado no es solo una contradicción ética. Es una incoherencia fiscal de consecuencias mayores. Los grandes estadistas latinoamericanos que pasaron a la historia como líderes genuinamente progresistas lo lograron porque entendieron que el cambio real no se construye pasando por encima de sectores estratégicos, sino con concertación que les dé a las reformas la legitimidad necesaria para perdurar más allá de un período de gobierno. Hay una responsabilidad que trasciende lo electoral: qué país y qué situación fiscal le dejará esta administración al gobierno que venga. Si las alertas de hoy se materializan sin corrección de rumbo, el próximo gobierno heredará una economía en contracción, una crisis fiscal que exigirá recortes en gasto social y una institucionalidad debilitada. Eso no es legado progresista. Es deuda que pagarán los más pobres. Este hora de leer las señales del mercado, no como un enemigo sino como un espejo y de aprovechar la gravedad de la coyuntura para rectificar. Los grandes líderes no son los que nunca se equivocan. Son los que tienen la lucidez y el coraje de corregir a tiempo.