Alcaldes y gobernadores, los que enfrentan la inseguridad

En medio del duro momento de inseguridad y violencia que atraviesa especialmente el suroccidente, los alcaldes y gobernadores del país han tenido que enfrentar la arremetida de los grupos al margen de la ley, en vista de que el Gobierno actual no ha hecho los esfuerzos necesarios y se ha concentrado en la política de Paz Total que no le ha resultado. Esa fue una de las conclusiones del evento "Colombia: Abordar la inseguridad ciudadana desde lo subnacional", organizado por Diálogo Interamericano, El Tiempo y Portafolio, en el que expertos en seguridad y mandatarios regionales hicieron sus planteamientos en torno a cómo fortalecer la seguridad en el territorio colombiano y los beneficios que ello traía para el crecimiento económico. Rebecca Bill Chavez, CEO y presidenta de Diálogo Interamericano, dijo que la inseguridad es un desafío compartido y que solo se puede combatir de manera efectiva si se trabaja en forma conjunta. Juan Cruz, miembro del grupo de trabajo de seguridad hemisférica del Diálogo Interamericano y exdirector senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump, reconoció que las cosas no están bien en materia de seguridad en la región. La falta de respuesta a este fenómeno, dijo, ha dado con gobiernos debilitados que se han caído, como es el caso del Perú, con Dina Boluarte. La pérdida de confianza de los ciudadanos y la presencia de redes transnacionales también son situaciones que enfrenta la región, dijo Cruz, al mencionar que ya se han detectado redes de crimen organizado procedentes de Albania, especialmente en Ecuador. El experto planteó la posición de Estados Unidos en materia de seguridad y el gobierno Trump y sugirió la importancia de que los mandatarios regionales analicen la importancia de lograr acuerdos con las autoridades estadounidenses, así el Gobierno Nacional no tenga buenas relaciones con Washington. Al respecto destacó la importancia de acuerdos para que las regiones puedan recibir de Estados Unidos cursos, capacitaciones, recursos y hasta accesos a nuevas tecnologías. Ante la propuesta de Cruz, Hugo Acero, experto en temas de seguridad, expresó que en Colombia no es viable si no se hace una reforma constitucional, porque esa es una tarea asignada al Gobierno Nacional. Andrés Santamaría, director de Asocapitales, expresó su preocupación y solidaridad con las regiones afectadas el fin de semana por los atentados terroristas y expuso la preocupación de los mandatarios regionales por el aumento de la violencia que afecta a la población civil. Dice que en esta situación se evidencia la ausencia, en el nivel nacional, de una estrategia para combatir y permitir la extensión de estos grupos ilegales. En lo que Asocapitales llama el fracaso de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro mencionó que lo grave no es que esos procesos estén rotos sino que los grupos armados pasaron de 13.000 hombres a 27.000, promedio. Destacó que en el caso de los gestores de paz, 75 criminales designados suman 1.300 años de condenas acumuladas y 205 órdenes de captura suspendidas. Esto, comenta el director ejecutivo de Asocapitales, lleva unos coletazos y unos efectos a las ciudades que se refleja en el aumento de los casos de extorsión y secuestro - de más del ciento por ciento- que se expanden a zonas rurales y urbanas. Agregó que en lo que va del actual gobierno se registran más de 40.000 homicidios, siendo el 2025 el año más violento en los últimos 10 años. Citó que el desplazamiento masivo llegó a 88.000 personas en 2025, con un aumento de 70%. Menciona que en este Gobierno, las zonas de disputa han aumentado de 6 a más de 20. La falta de control territorial y la ausencia de una estrategia contra estos grupos, independientemente de los diálogos que haga el gobierno nacional, está llevando al país a unos altos niveles de inseguridad, afirma. "Hoy los alcaldes están asumiendo un rol muy importante en materia de seguridad, pero la lucha contra el terrorismo y los grupos de estructuras avanzadas como estos es responsabilidad del Gobierno", dijo Andrés Santamaría. El costo para la economía Al respecto, Jaime Pumarejo, director de Portafolio, llamó la atención en que en Colombia "el costo de delinquir es bajo" y se constituye en un problema estructural del Estado, en vista de que la impunidad ronda el 90%. Agregó que en el marco de esta realidad, desafortunadamente, los alcaldes no tienen una competencia real para cambiar eso. Llamó la atención en la importancia de recordar a los colombianos que deben radicar sus quejas y sus críticas en estas materias ante el Gobierno Nacional porque las autoridades regionales tratan de ser su voz pero no participan de la arquitectura de la justicia y la seguridad en el país. Pumarejo invito a reflexionar en torno a la evolución que ha tenido el crimen organizado, mientras que la forma de combatirlo no ha cambiado y eso supone un reto por superar. Citó que el fenómeno de la inseguridad y la impunidad le cuestan a Colombia un total de $64 billones, 3,6 puntos del PIB, según cálculos del BID y Fedesarrollo. Es como si cada colombiano tuviera que ahorrar $1,3 millones, para pagarle el costo de la inseguridad a la economía colombiana.