Asignaciones familiares

La discusión sobre las asignaciones familiares ha vuelto al centro del debate, pero no en sus aspectos operativos, sino en su sentido más profundo. Uruguay construyó, a lo largo de décadas, una arquitectura de protección social que trasciende a los gobiernos y forma parte de su identidad. Ese legado no está en cuestión. Lo que sí está en disputa es la concepción de desarrollo humano que orienta hoy esas políticas.

Porque la política social no debería reducirse a la asistencia. En su mejor versión, es una inversión transformadora: ampliar capacidades, interrumpir la transmisión de desventajas y habilitar trayectorias de autonomía. No limitarse a aliviar urgencias; intentar modificar destinos. En ese marco, la propuesta de eliminar las condicionalidades -es decir, la exigencia de asistencia educativa y controles de salud- no es un ajuste técnico menor. Es una definición política de fondo.

Las condicionalidades expresan una idea exigente pero necesaria: los derechos sociales se potencian cuando se articulan con responsabilidades. No constituyen una imposición arbitraria, sino un instrumento para sostener el vínculo con la educación y la salud.

Sin embargo, desde el ámbito del Diálogo Social se ha sostenido que existe evidencia del "bajo impacto de las contraprestaciones" en asistencia educativa y sanitaria. Aun si ese diagnóstico fuera correcto, la conclusión resulta discutible.

Eliminar las condicionalidades equivale, en los hechos, a retirar una exigencia sin revisar las condiciones que la vuelven incumplible. Es más sencillo bajar la vara que preguntarse por qué el sistema educativo no logra retener a los estudiantes más vulnerables, o por qué el sistema de salud no consigue sostener vínculos efectivos con esas familias.

Eliminar condicionalidades equivale, en los hechos, a naturalizar el problema. Supone transferir recursos sin incidir sobre las causas que generan inasistencia, abandono y exclusión temprana. Porque la verdadera inclusión no se juega en la transferencia monetaria, sino en la capacidad de las instituciones para generar pertenencia. Aquí aparece una tensión: la diferencia entre una política que amplía capacidades y otra que administra carencias. La autonomía no es ausencia de exigencias. Es capacidad real de elegir y sostener trayectorias. Y esa capacidad requiere instituciones que enseñen, cuiden y orienten. Es cierto que condicionalidades mal diseñadas pueden excluir. Pero eliminarlas no corrige ese problema: lo invisibiliza.

El punto de fondo es qué tipo de ciudadanía se promueve.

Cuando la asistencia se desacopla de cualquier horizonte educativo o sanitario, el ciudadano deja de ser concebido como sujeto activo para transformarse en receptor permanente.

Uruguay enfrenta, además, un dato insoslayable: cada vez nacen menos niños. Eso debería reforzar -no debilitar- el compromiso con su educación y su salud. Las transferencias monetarias son necesarias. Pero sin un marco que las vincule al desarrollo de capacidades, corren el riesgo de convertirse en un fin en sí mismas. Ahí reside la diferencia entre una red y un ancla.

La buena política social no se limita a contener: busca habilitar. No administra la pobreza: intenta superarla. Y esa es la discusión que hoy nuestro país necesita dar, con profundidad y sin simplificaciones.