Los gastos del estado

A veces resulta impactante, incluso a meses de cumplir los 108 años, ver el ruido que generan los artículos de El País. Y eso que vivimos en un país donde la gente solo parece tener ojos para noticias livianas e intrascendentes. En la pasada edición dominical de este diario, un informe de Qué Pasa, firmado por su editor Sebastián Cabrera, generó una verdadera tormenta. Allí se analizaba, con profundidad y rigor periodístico (o sea filtrando cosas que no vienen al caso), los gastos en servicios de comida o "catering" en los que ha incurrido el estado. Los mismos, con detalles realmente impactante, generaron una ola de indignación.

En la abrumadora mayoría de los casos, esa indignación venía de la mano con un agradecimiento al diario, por realizar trabajos periodísticos a fondo, cosa que no se ve mucho por estas fechas. Una pequeña minoría, algo ruidosa, se quejó por motivos muy diferentes.

Algunos, demostrando el efecto dañoso del embelesamiento por la tecnología en ciudadanos de edad provecta, reclamaron por la propiedad intelectual de la materia. Y demandaban una referencia algo insólita, teniendo en cuenta que el aparente dueño del tema sería una cuenta anónima en una red social de escaso impacto masivo, pero desproporcionado ruido en algunos sectores sociales y políticos. Y de un tema que es más viejo que el viento.

Otros, más agudos, se quejaban de que en realidad ese gasto es apenas una fracción insignificante del que determina el estado, y que no justificaba el despliegue que el diario había dado al tema. También discrepamos con esta mirada.

El impacto mayor no es el monto en sí que el estado gasta en organizar distintos aquelarres gastronómicos para empleados públicos o jerarcas de distintas oficinas. Más allá de que un diario siempre se titula por el lado del dato duro, lo relevante iba por otro lado.

Hablamos de comprobar que para analizar los resultados de las pruebas PISA, que buscan entender la performance alarmante de nuestros estudiantes, se gaste en "bocatas de bondiola, rúcula y muzarella". O que el Banco de Seguros, para un festejo interno, hiciera una licitación reclamando canilla libre de bebidas, y "opciones vegetarianas, veganas, celíacas, sin sal y diabéticas." O que para un "lunch" de la Oficina de Servicio Civil (decirle almuerzo se ve que es demasiado popular), se ofrezcan cosas como sándwiches de pan de nuez con lomito y queso, medialunitas con jamón y queso, mini crumbles de manzana, mini brownies con nueces y ganache de chocolate". ¡Mini crumbies!

Es claro que el estado organiza actividades que deben ofrecer algún tipo de comida. Pero... ¿es necesario ser así de sofisticado en el paladar cuando se está gastando el dinero del contribuyente? ¿Tiene claro quien paga impuestos la forma en que sus empleados gastan lo que se le extrae del fruto de su trabajo?

Ahí está el interés público de un informe periodístico.

Algo que si los críticos tuvieran algo de memoria y atención (demasiado pedir, lo sabemos), podrían complementar con otro informe que firmó el mismo Sebastián Cabrera hace unos meses, y que contaba los privilegios de los que gozan algunos empleados del estado, para sumar a su inamovilidad, y a su poder de lobby gremial.

Por ejemplo, allí se contaba que los empleados de UTE reciben 200 kwh gratis al mes, unos 2.500 pesos que están exonerados de pagar. Ese beneficio también lo cobran los jubilados de UTE y sus parejas si ellos se mueren. Los funcionarios de varios bancos públicos tienen pagado psicólogo, dentista, lentes y guardería para los hijos. También una partida para gastos de salud para ellos y sus familiares, incluso una vez que se jubilaron. Y en casi todas las empresas públicas cobran una partida para el almuerzo. de 20.312 pesos mensuales. ¡Cerca de 1.000 pesos por cada día trabajado!

Claramente, esa capacidad de lobby del funcionario público, que está muy cerca del poder, y negocia con jerarcas que no están poniendo su patrimonio en juego a la hora de acordar estos beneficios, le genera unos rindes exorbitantes. Es más, se podría sostener que por momentos actúan con un sentido de desprecio por el que paga sus impuestos, solo comparable con la falta de pudor a la hora de ostentar sus beneficios.

Viendo estas cosas, pocos en Uruguay se animarían a sugerir que este tipo de investigación no es pertinente o de interés público. Y de lo saludable de que haya medios serios y formales que los presenten de manera responsable ante la opinión pública. Lo demás, es ruido.

Bienvenido ruido.