Impuesto al patrimonio, en jaque

Incertidumbre y angustia se viven en Colombia por la imposición de un gravamen al patrimonio de empresas y fundaciones por parte del gobierno Petro, en el marco de la segunda emergencia económica. La apuesta de los afectados era simple: que la Corte Constitucional frenara el decreto que creó el tributo, en ejercicio del control automático de constitucionalidad y mediante la suspensión provisional consagrada en el emblemático Auto 082 de 2023. Recordemos que la Corte permite, con este tipo de suspensiones, que una medida establecida en decretos legislativos deje de producir efectos mientras se decide de fondo. Esto ocurre cuando su aplicación puede generar daños graves e irreparables al orden constitucional. Es una herramienta excepcional que protege la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, y evita que el Ejecutivo legisle de manera extraordinaria sin cumplir estrictamente los requisitos constitucionales. Para la Corte, esta suspensión procede bajo cuatro criterios: apariencia de inconstitucionalidad, cuando hay dudas serias sobre la validez de la norma; riesgo de efectos graves e irreparables, si su aplicación puede causar daños constitucionales; necesidad de proteger la supremacía de la Constitución, para evitar que la decisión final llegue tarde; y un juicio de ponderación. En el caso del gravamen al patrimonio, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional el pago de la segunda cuota —prevista para el 4 de mayo—, pero solo para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, incluidas universidades, y para aquellas en liquidación. Para las más de 15.000 empresas restantes, la obligación se mantiene. El tributo fue creado mediante el Decreto 0175 de 2026, expedido por la crisis invernal en Córdoba, con una meta de recaudo cercana a los 8 billones de pesos. De ese total, el Gobierno ya obtuvo cerca de 4 billones en la primera cuota, pagada el 1.º de abril. La Corte interviene al advertir un impacto potencialmente desproporcionado sobre recursos con destinación social, lo que podría comprometer la función social de estas entidades y el acceso a derechos fundamentales, especialmente la educación. En paralelo, el alto tribunal también suspendió apartes de otro decreto legislativo, el 0174 de 2026, que habilitaban la llamada "expropiación exprés". La razón: posibles afectaciones al derecho de propiedad, al debido proceso y a la proporcionalidad de las medidas adoptadas en estado de excepción. Frente a este panorama, en realidad hay dos escenarios. El primero es que la Corte declare la inexequibilidad del decreto con efectos retroactivos, es decir que considere que la norma nunca produjo efectos jurídicos válidos. En ese caso, el gravamen desaparece desde su origen: quienes pagaron podrían reclamar la devolución de lo cancelado y quienes declararon pero no pagaron quedarían liberados de la obligación, sin sanciones ni intereses. Se trataría de una decisión con pleno efecto restitutorio, que corrige de raíz una medida contraria a la Constitución. El segundo escenario es una inexequibilidad con efectos modulados. Esto implicaría que la Corte retire la norma del ordenamiento, pero preserve total o parcialmente los efectos ya causados para evitar un impacto fiscal inmediato. En la práctica, podría limitar las devoluciones, fijar reglas de transición o incluso mantener lo recaudado, bajo el argumento de proteger la estabilidad de las finanzas públicas. Es, en esencia, un fallo de equilibrio. El punto de fondo es que no solo está en juego un gravamen, sino los límites del poder en estados de excepción. Y en ese terreno, la Corte vuelve a ser el último dique frente a decisiones que pueden terminar desbordando la Constitución y poniendo en jaque el Estado social de derecho en Colombia. * Ex fiscal general de la Nación. Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
Los escenarios posibles
Francisco Barbosa*
La Corte vuelve a ser el último dique frente a decisiones que pueden terminar desbordando la Constitución y poniendo en jaque el Estado social

de derecho.