Crecimiento: no basta el entusiasmo

Asegurar el crecimiento y progreso de un país requiere esfuerzos continuos. Lamentablemente, de la mano de malas políticas públicas y diagnósticos equivocados, la política chilena frenó ese avance hace más de una década. Así, el desafío para la administración del Presidente Kast, que impulsa una ambiciosa agenda de medidas para reactivar la inversión y la actividad, es gigantesco. Y eso se hace más patente conforme se conocen nuevas cifras (como el negativo Imacec de marzo) que revelan cuán profundo es el deterioro heredado de la administración anterior. En efecto, con un crecimiento promedio anual que lo ubicó entre los de peor desempeño económico desde 1990, solo por sobre el segundo período de Michelle Bachelet, el gobierno de Gabriel Boric ilustró con particular crudeza las consecuencias negativas de largo plazo de una mala gestión.
Para comprender la profundidad del estancamiento, es necesario primero remontarse al tercer y cuarto trimestre de 2025. En esos momentos, la inversión en Chile tuvo aumentos importantes (9,7% en doce meses). Si bien la baja base de comparación incidió en esas cifras, el anticipo de un cambio político que terminaría con la hostilidad hacia la iniciativa privada sin duda entusiasmó a los mercados (la bolsa local también tuvo una dinámica positiva). Y el resultado en la elección presidencial confirmó la expectativa. Sin embargo, ese entusiasmo no se tradujo en mayores niveles de actividad. Así lo demuestran las variaciones del Imacec observadas durante el primer trimestre de 2026: -0,5% en enero, -0,3% en febrero y -0,1% en marzo (siempre, variación en 12 meses). Por cierto, mayores niveles de inversión no se traducen inmediatamente en mayor producción, pero la compleja progresión de las cifras de actividad también sugiere que, tras un largo estancamiento, la economía chilena requiere de algo más que de un par de trimestres con mayores niveles en la formación bruta de capital fijo para activarse. Y es que el entusiasmo no es condición suficiente para volver a crecer.
El ímpetu inicial generado por el cambio político e ideológico tampoco significó mejorías en uno de los ámbitos en donde las malas políticas públicas han causado mayor daño social: el mercado laboral. Un desempleo promedio de 8,4% entre el trimestre móvil marzo-mayo de 2022 y enero-marzo del 2026, sumado a 39 trimestres móviles consecutivos por sobre 8%, evidencian la incapacidad de la administración Boric para crear empleos. Es más, las últimas cifras dan cuenta de cierta profundización del deterioro: después de que el desempleo tocara el 8,0% en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2025, volvió a empinarse en los tres reportes siguientes. En el último (enero-marzo 2026) llegó al 8,9% (10% en mujeres), con cifras preocupantes en la creación de empleo formal.
De este modo los números sugieren que el largo y gradual encarecimiento de la contratación formal provocado por decisiones políticas y profundizado bajo la administración anterior puede haber generado un cambio estructural en el mercado laboral. Esto debe obligar a reexaminar, entre otros parámetros clave, las elasticidades de creación de empleo en función del crecimiento de la economía. La posibilidad cierta de sustituir personas con todo tipo de tecnología debe ser parte de esa reevaluación.
Para el gobierno del Presidente Kast, las posibles dificultades estructurales para generar empleo, impulsar la inversión y, en último término, promover la actividad deben ser analizadas de forma seria. Y es que es necesario comprender que las consecuencias de una mala administración se extienden más allá de su último día de gestión.
Así, en línea con lo planteado tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Consejo Fiscal Autónomo, la batería de propuestas contenidas en la ley miscelánea que se discute en el Congreso debe ser nutrida con un debate técnico riguroso, en donde se analice y reconozca el daño persistente que hoy arrastra nuestra economía. Particular atención merece el crédito tributario al empleo, pues su estructura, costos y beneficios no parecen consistentes con la urgente necesidad de crear nuevos puestos de trabajo en el país. Del mismo modo, será fundamental prestar atención al impacto fiscal agregado tanto de los esfuerzos por racionalizar el gasto público como del proyecto de ley en cuestión. Esto, pues otra de las negativas herencias de la administración anterior fue el deterioro de la responsabilidad fiscal.