Ni selectividad ni favorecimiento

Jorge Restrepo
La mayor parte de la violencia y la inseguridad en Colombia hoy es resultado de acciones de grupos armados del crimen organizado. Incluso las acciones terroristas tienen el propósito de facilitar el enriquecimiento criminal al intimidar y disuadir a la fuerza pública de actuar en su contra, y someter a las comunidades con la amenaza de la violencia. Las disputas y enfrentamientos entre esos grupos para defender el control sobre las fuentes de rentas —explotación ilegal de oro, procesamiento de cocaína, maderas finas y rutas de tráfico— y la violencia que ejercen para intimidar y generar una reputación que les permita mantener cobros extorsivos explican los niveles de la violencia y dónde la ejercen. Es un círculo vicioso: las organizaciones criminales ganan "seguridad" para sus operaciones al congestionar el aparato de administración de justicia y al aumentar el riesgo para la fuerza pública, ante lo cual la efectividad del Estado cae a mínimos. Las negociaciones del gobierno con algunos de esos grupos armados, el reconocimiento estatal a agrupaciones sin cohesión o control, y el hecho de que todos están en disputa entre ellos generaron severas limitaciones y demoras a las actuaciones de la fuerza pública y a la administración de justicia: desde la suspensión de órdenes judiciales de captura hasta la subordinación de la actuación policial y militar a la conducción de las negociaciones, todo ello frenó la acción estatal contra el crimen. Vale agregar que la planeación de las acciones de fuerza y la persecución judicial antes de 2022 fue ‘insuficiente’ para impedir el crecimiento del crimen organizado. ¿Cómo podría enfrentar el próximo gobierno esta situación? ¿Repetiremos operaciones contra ‘objetivos de alto valor’ o volveremos a ‘campañas’ territoriales? ¿Caeremos en el costoso abismo de una represión violenta y desordenada del crimen? Levantar las limitaciones a la acción estatal es lo primero, necesario pero no suficiente: quitar esos límites expone a los criminales al riesgo de ser objeto de investigación y persecución penal —un riesgo bajo— y a la incertidumbre de ser objeto de acciones de la fuerza pública. El complemento de eliminar la selectividad es entonces la priorización, sin anuncios específicos, en las operaciones militares contra grupos de crimen organizado y en la investigación judicial de la Policía Nacional. Más que dos o tres ‘campañas’ militares definidas territorialmente, se requiere una focalización planeada pero no anunciada: usar la fuerza y la investigación judicial policial para maximizar la incertidumbre sobre los demás grupos en disputa e incrementar la inseguridad para los criminales. No se trata entonces de librar una batalla detrás de otra, sino de planear, actuar y comunicar de forma que todos los agentes criminales incorporen un aumento generalizado del riesgo en su actividad, para que modifiquen su comportamiento. Esto, sin embargo, requiere que el gobierno y la justicia sean completamente independientes del crimen organizado, más allá de toda duda.
Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.