La ley de encuestas

Editoriales
Una de las particularidades de la campaña electoral ha sido la nueva normativa para las encuestas, plasmada en la Ley 2494 del año pasado. Como muchas iniciativas, esta nació con buenas intenciones. Buscaba mayor transparencia y trazabilidad en el diseño de las encuestas, a fin de que la ciudadanía pudiera contar con información más fiable y de calidad. Una vez puesta a prueba en el mundo real, sin embargo, sus debilidades se han hecho evidentes. Muestra de ello es la determinación anunciada por la consultora española GAD3, una de varias firmas reconocidas que realizan encuestas en Colombia, que hizo pública su decisión de suspender la publicación de encuestas electorales en el país, como consecuencia de la nueva ley. La normativa, dijo, hace "inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa". Aunque por el momento GAD3 es la única en retirarse, no ha sido la única en manifestar reparos por la regulación. Varios expertos coinciden en que esta elevó exageradamente los costos de publicar un estudio, pues solo aplica para las encuestas públicas, no para las privadas. Por tal motivo, muchos se refieren a ella como una ‘ley mordaza’ que establece una privatización de facto de la información. En lugar de poner más y mejores datos al alcance de la ciudadanía, la regulación efectivamente censura resultados que antes hubieran podido divulgarse, pero ahora no, pues no cumplen con las condiciones. Otro efecto inesperado ha sido el de incrementar la dispersión de los hallazgos de los estudios. Cada casa encuestadora ha tenido que ajustar sus metodologías a su manera para satisfacer las exigencias de la ley, por un lado, y las restricciones presupuestales, por el otro. El resultado ha sido una menor convergencia entre las encuestas y mayor confusión para el electorado. Las encuestas son herramientas fundamentales en la democracia moderna, que permiten tomar decisiones más informadas. Contribuyen a que la ciudadanía no navegue a ciegas o, peor, guiada por la desinformación que hoy pulula en las redes. Pero cuando las normas son demasiado restrictivas se produce la situación inédita de un encuestador diciendo que no va más, mientras que sus competidores reducen el número de estudios que publican. La ciudadanía acaba con menos información a su disposición. Y el vacío es ocupado por encuestas falsas o mal hechas, transmitidas por redes sociales, sin ningún control. Solo salen ganando los desinformadores y quienes tienen recursos para costearse estudios privados. Aunque para estas elecciones ya no hay tiempo, nunca es tarde para reconocer errores. Sea la Corte Constitucional o el próximo Congreso urge replantear esta regulación con la ayuda de expertos en estadística y con cuidado de no restringir las innovaciones. En buen momento el Consejo Nacional Electoral anunció ayer la presentación de un proyecto de ley que, ojalá, logre subsanar estas falencias. El objetivo debe ser que Colombia vuelva a contar con encuestas frecuentes, fiables y de alta calidad, al alcance de todos y no de unos pocos.
La ciudadanía acaba con

menos datos a

su disposición. Y el vacío es ocupado por encuestas falsas o mal hechas, transmitidas por redes sociales.