El Comercio, Perú
10 de mayo de 2026
Alias ?Catire? está por cumplir su condena en agosto, y un vacío legal y la falta de coordinación administrativa impedirían su expulsión, permitiendo que recupere su libertad en suelo peruano.
En agosto del 2018, el Perú conoció el nombre de Edinson Agustín Barrera, alias ?Catire?, no como un delincuente común, sino como la primera cara visible de la crueldad del Tren de Aragua en el país. Su captura en Plaza Norte le permitió a inteligencia policial entender la magnitud de la criminalidad transnacional que se avecinaba.Ocho años después, Barrera, quien cumple su sentencia en un penal de máxima seguridad, finalizará su condena y existe el riesgo de que recupere su libertad plena en el país al no haberse gestionado, según fuentes policiales, una ruta de expulsión clara.La caída de Barrera cerró una escalada de violencia iniciada el 22 de junio del 2018, con el feroz asalto a la joyería Banchero en el Jockey Plaza. Aunque en ese momento el país desconocía la firma del Tren de Aragua, la captura de ?Catire? reveló que la estructura criminal ya operaba en los puntos más custodiados de Lima.Aunque fue sentenciado por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, Edinson Agustín Barrera arrastra un prontuario oscuro desde Venezuela. Conocido por su frialdad y crueldad, ?Catire? se hizo célebre en redes sociales alardeando de sus asesinatos. Para la policía, Barrera no es un reo común, sino un sicario que, según su peritaje psicológico, muestra un ?total desprecio por la vida humana?.El caso de su cómplice Víctor Manuel Rivero Álvarez integrante de la facción Los Malditos del Tren de Aragua ?con quien cayó en Plaza Norte con un maletín con armas, granada y el croquis de una agencia bancaria? ya marcó un antecedente. Tras cumplir seis años de su condena, fue puesto a disposición de la División de Extranjería, pero recuperó su libertad al no existir sustento legal para su expulsión. Hoy su paradero es desconocido.Este escenario podría repetirse con Barrera y otros dos sentenciados del mismo grupo, José Rafael Zorrilla Velásquez y Rodysnimel Alcántara Brito, cuyas sentencias del 2019 no confirmarían la expulsión como medida accesoria.?Laberinto administrativo?Según el abogado penalista Jorge Zúñiga, cumplida la pena, el INPE debe disponer la libertad inmediata del interno al no tener facultades migratorias. ?No podrían tenerlo retenido ni trasladarlo porque no tiene facultades de detención más allá de las que correspondan a la ejecución de la pena?, advirtió.Esta situación obliga a la División de Extranjería de la PNP, a Migraciones y al INPE a actuar en conjunto. Ante las consultas por este caso, Migraciones remitió el protocolo del Pasee, un mecanismo de expulsión rápida. Pero, Zúñiga precisa que la Ley 32372, no es retroactiva. ?Eso es a partir de junio del 2025, para los de atrás (como Barrera) tendrían que cumplir toda su pena?, explicó, señalando que la falta de esta cláusula obliga a procesos ordinarios más lentos.