Pesquera Friosur se suma a demandas contra el fisco por cambio a ley

La ley de fraccionamiento sigue motivando que las empresas pesqueras acudan a tribunales para reclamar por los perjuicios que consideran les generó este cambio a la legislación.
Esta ley (N° 21.752), impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, modificó las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, según la normativa aprobada en 2013, y las redujo para las compañías industriales y aumentó para el sector artesanal. Así, este año comenzaron a regir los nuevos porcentajes de captura que se mantendrán hasta 2040.
Ahora la Pesquera Friosur -ligada a la familia Del Río y en cuya propiedad participa con un 20% la cooperativa de sus trabajadores- junto a empresas relacionadas, presentó una demanda ante tribunales solicitando una indemnización de perjuicios por US$ 46,6 millones por los daños causados por el fisco.
El 11 Juzgado Civil de Santiago dio curso a la demanda.
Argumentos de la acción judicial
El abogado Francisco Zúñiga, de Zúñiga Angulo Abogados, explicó que la Ley 21.752 alteró anticipadamente el marco regulatorio establecido, lo que produjo un perjuicio patrimonial directo, cuantificable y concentrado en un determinado conjunto de firmas. Añadió que el cambio "ha impuesto a los actores un sacrificio patrimonial específico, intenso y desproporcionado, sin que el legislador haya establecido mecanismos de compensación que permitan restablecer la igualdad las cargas públicas, razón por la cual el fisco de Chile debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados".
El gerente general de Friosur, Pablo Sufán, agregó que "se produjo un daño significativo y focalizado, que afectó gravemente a Friosur y a toda la comunidad de Aysén, donde somos uno de los principales generadores de empleo y desarrollo productivo regional. Se cambiaron las reglas del juego a mitad de camino y dejaron comprometidas inversiones diseñadas, ejecutadas y proyectadas hasta 2032, conforme a la certeza jurídica y estabilidad regulatoria establecidas en la Ley 20.657. Entre ellas, la incorporación de una nave de última generación y la ampliación de la capacidad de frío y valor agregado en la planta de Puerto Chacabuco. Estas inversiones totalizaron más de US$ 12 millones".
Las otras empresas que acusan al Estado
Con esto ya suman poco más de US$ 530 millones las demandas iniciadas por diversas compañías pesqueras por esta misma causa. Desde fines de enero pasado han acudido a tribunales contra el fisco Camanchaca, que exige US$ 100 millones; Blumar, que solicita US$ 216 millones, y Landes, por US$ 70 millones.
Asimismo, en marzo pasado, FoodCorp Chile, pesquera industrial que forma parte de Austevoll Seafood, con matriz en Noruega, acusó perjuicios patrimoniales por cerca de US$ 100 millones.