Enel, a rendir cuentas por Windpeshi

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira, según informó el organismo de control. La decisión es relevante porque involucra recursos públicos distritales, debido a la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P., y porque el proyecto fue suspendido sin entrar en operación. El proceso se abrió como resultado de una indagación preliminar en la que la Contraloría evidenció fallas en la gestión del proyecto. De acuerdo con el boletín, se ejecutaron recursos sin que las obras alcanzaran los resultados previstos ni se materializara la entrada en operación de la iniciativa. El caso pone bajo revisión la planeación, ejecución y toma de decisiones de un proyecto energético estratégico para La Guajira. La investigación se concentra en el proyecto Windpeshi, una iniciativa eólica que, según la Contraloría, no avanzó conforme a lo previsto. A marzo de 2022, el avance reportado era de 29,6%, por debajo del 33,7% esperado, una diferencia que reflejaba que las obras no progresaban al ritmo programado. El organismo también identificó retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución y generaron mayores costos. El punto central de la decisión fiscal está en que, pese a los recursos comprometidos, el proyecto no logró cumplir la finalidad para la cual fue concebido. La Contraloría Distrital señaló que la iniciativa fue suspendida de manera indefinida en mayo de 2023, sin haber entrado en operación. Para ese momento, apenas se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas y no estaban instalados los aerogeneradores necesarios para su funcionamiento. La Contraloría de Bogotá explicó que el presunto detrimento patrimonial asciende a $313.276 millones. El caso involucra recursos públicos distritales por la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P. Por esa razón, aunque el proyecto está ubicado en La Guajira, el organismo de control distrital interviene para establecer si hubo daño al patrimonio público y quiénes podrían ser responsables.