Cardama inicia arbitraje

El Frente Amplio tiene antecedentes en "buracos" al Estado. Se recordarán dos ejemplos. Uno es el de Pluna, a la que no solo la desaparecieron sino que dio lugar a una indemnización de decenas de millones de dólares a sus dueños que estamos pagando. Otro es la bancarrota de Ancap, durante la presidencia del ente por Sendic. ¡Un ente monopólico de refinería y distribución de combustibles! Ancap -otra "velita socialista de Mujica"- había acumulado USD 800 millones de pérdidas y Tabaré Vázquez resolvió recapitalizarla con USD 622 millones.

En el caso Cardama lo esencial es que 176.215 kms.2 de espacio marítimo nacional (mayor a nuestra superficie terrestre) seguirán siendo tierra de nadie. Con excepción de la pesca clandestina con violación de la biodiversidad, el tráfico de personas o drogas sin capacidad de interdicción, la intrusión de buques extranjeros sin vigilancia activa y -abreviando- la contaminación sin control por vertidos ilegales o accidentes no detectados.

La fiscal Mónica Ferrero dijo en el Parlamento que Uruguay "está muy bien ubicado para el narcotráfico", ya que está rodeado de agua, de puentes. De modo que es caldo de cultivo para que entren". Agregando que "es el agua salada que tenemos acá enfrente la que "están utilizando los narcos -con corrupción también- lo que hay que atacar, para sacar grandes cargamentos". Para atender esta realidad -a la que el Frente ignora- se compraron los buques patrulleros.

El anuncio de la rescisión del contrato celebrado con Cardama fue anunciada en una patética conferencia de prensa -sin preguntas- en la que el presidente Orsi -que se sabe no tiene idea cabal de a lo que refería- anunció se habían iniciado acciones penales y demás por fraude y estafa al país. Es notoria la participación determinante en el tema del prosecretario de presidencia Dr. Jorge Díaz, en la idea de la rescisión unilateral por el Estado uruguayo del contrato. Lo que luego hicieron.

Hay una extendida opinión jurídica -a la que adherimos- que considera que las observaciones conocidas de incumplimiento contractual invocadas por el gobierno eran subsanables actuando con una buena fe de la que la parte estatal ha carecido. Lo que da a pie, para concluir en que la acción de gobierno es una maniobra política destinada a ensuciar la gestión de la administración que le precediera.

Ante hechos irregulares que pudiesen derivar de una omisión, ineptitud o delito, el procedimiento disciplinario administrativo según la legislación disciplinaria vigente prevé una investigación para determinar responsables y sancionarlos. O, un sumario en caso de que haya presuntos culpables identificados. También cabe la denuncia penal correspondiente. Es imposible conocer en este tema qué es lo que realmente ha pasado. Ya que se han catalogado las actuaciones principales como secretas. Y, para ubicarse en el tema hay que atender a información fragmentaria de prensa.

Ahora ha surgido la incertidumbre de lo que se hace con el esqueleto de acero ya construido. Es más o menos el 50% de la primera patrullera por lo que Uruguay lleva pagados USD 30 millones. Como ha dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala la situación corrobora "el daño causado al Estado por una decisión irresponsable".

Se viene el arbitraje.